OPINIÓN/ La cultura y la política de izquierda frenó la economía

(El Montonero).- ¿Por qué el país apenas puede crecer sobre el 3% del PBI,no obstante todo su potencial en recursos naturales? De acuerdo con sus reservas en cobre, oro, plata; según su potencial en agroexportación, pesca, turismo y otros sectores, el Perú, por lo menos, debería tener un crecimiento del PBI sobre el 6%. En otras palabras, nuestra sociedad debería tener la posibilidad de duplicar el crecimiento actual y reducir varios puntos anuales de pobreza.

Reflexiones sobre la erosión institucional del Estado de derecho

Sin embargo, el Perú apenas crece sobre el 3%, y luego del gobierno de Pedro Castillo, en vez de reducir, ha aumentado la pobreza del 20% al 30% de la población. ¿Cómo explicar esta tragedia nacional? La respuesta sencilla se focaliza en toda la devastación que desató Castillo y la propuesta de asamblea constituyente.

No obstante, Castillo es, como se dice, solo la cereza del pastel; el resultado final de un largo proceso. El asunto empezó cuando las izquierdas de todo tipo y el progresismo en general se lanzaron a construir una cultura y una política abiertamente contraria y en colisión frontal con el modelo económico consagrado en la Constitución Política de 1993. Desde dos décadas atrás las izquierdas no solo organizaron la narrativa de la guerra política que destruyó la institucionalidad del país –en base al informe de la Comisión de la Verdad– sino que perpetraron todos los relatos habidos y por haber para demonizar la inversión privada en minería, agroexportaciones, pesquería, turismo y otros sectores.

El sector privado fue colocado en el banquillo de los acusados y responsabilizado de todos los males del Perú, a pesar de que aporta el 80% de los ingresos del Estado, genera el 80% del empleo y, según el Banco Mundial, explica el 80% de la reducción de pobreza total en las últimas décadas.

¿Cuál fue el efecto de esta brutal e injusta campaña del progresismo y las izquierdas? En primer lugar, se detuvo cualquier posibilidad de nueva reforma económica en el país. Nadie puede hacer una reforma tributaria considerando al empresariado enemigo del país porque, entonces, solo restaría la alternativa de seguir subiendo impuestos y estatizar todo. Nadie puede reformar la legislación laboral y establecer la flexibilidad laboral en los contratos –como cualquier país desarrollado– si el sector privado es considerado “la fuente de explotación y extracción de plusvalía”. Imposible y únicamente quedaría seguir colectivizando las empresas para contener “la voracidad empresarial”.

Por otro lado, la demonización del empresariado nacional, si bien no llevó a una estatización brutal del sector privado, si desató una burocratización del Estado que nadie imaginó. Se acumularon tal cantidad de oficinas, aduanas, trámites y procedimientos que todo asemejó a una montaña de papel con el objeto de controlar la voracidad empresarial. En la minería sucedió un caso impresionante: de 15 trámites se pasó a más de 265. Se derogó la anterior ley de Promoción Agraria para bloquear inversiones en el sector y se sobrerreguló la industria pesquera para quitarle competitividad y favorecer a países vecinos.

Sin nuevas reformas en educación ni salud, sin solución de los problemas acumulados en infraestructura y con una burocratización general, el Estado se convirtió en la principal fuente de pobreza –al paralizar las inversiones privadas– y también en la causa principal de la informalidad en la sociedad, al bloquear cualquier posibilidad de formalización ante la exagerada tramitología.

En este contexto, las reformas de los noventa –que establecieron el fin del Estado empresario y el papel subsidiario del Estado con respecto al sector privado, el respeto irrestricto a los contratos y la propiedad privada y la desregulación de mercados, precios y el comercio internacional– comenzaron a agotarse por falta de una nueva ola de reformas y la involución burocrática del Estado. En ese escenario, la economía comenzó a crecer a tasas muy bajas.

Con la lentificación de la economía, la burocratización del Estado y la ausencia de reformas sobrevino el actual desborde de la ola criminal. En este momento, pues, estamos.

Es evidente, entonces, que la mala cultura y la mala política pueden terminar destruyendo una sociedad. En el Perú todavía podemos salvar el proceso en las elecciones del 2026. ¡A votar bien!