OPINIÓN/ La desigualdad erosiona la confianza
Escribe: Alberto Carpio A.

La desconfianza se instala cuando una persona trabaja más, pero no progresa; cuando cumple la ley, pero no accede a justicia oportuna; cuando paga impuestos, pero no recibe servicios equivalentes
![]()
El narrador, que observa la economía no como un balance contable, sino como una arquitectura moral, se detiene en una paradoja que define a muchas sociedades contemporáneas. Hay países como el nuestro que crecen, se integran al mundo y acumulan riqueza, pero cuyos ciudadanos sienten que ni el progreso, y mucho menos la riqueza, les pertenece. Joseph Eugene Stiglitz, economista estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, lo ha formulado con crudeza: Países ricos con población pobre. No como consigna ideológica, sino como advertencia institucional. Cuando el crecimiento no se traduce en bienestar compartido, la economía puede prosperar, pero la confianza se resquebraja.
Stiglitz no rechaza la globalización como intercambio, sino como diseño incompleto. Sus aportes a la economía mostraron que los mercados operan con asimetrías persistentes de poder, riqueza y acceso. Si estas no se corrigen, el crecimiento tiende a concentrar los beneficios y a socializar los riesgos. El resultado es una prosperidad estadística que convive con inseguridad cotidiana. Algunos avanzan; pero una mayoría solo se limita a observar.
En el Perú, esa fractura es visible. Las exportaciones mineras y las agroexportaciones baten récords, pero en amplias zonas de influencia extractiva persisten déficits básicos de servicios, infraestructura y justicia. La renta existe, pero no se transforma de manera clara en bienestar territorial. Allí comienza la fractura silenciosa: cuando el ciudadano percibe que el sistema económico produce riqueza sin justicia distributiva, la confianza en las instituciones políticas y judiciales se debilita. No porque la ley siempre falle, sino por algo más grave: que las reglas no fueron pensadas para él.
La desconfianza se instala cuando una persona trabaja más, pero no progresa; cuando cumple la ley, pero no accede a justicia oportuna; cuando paga impuestos, pero no recibe servicios equivalentes. En el Perú, más del 70 % de la población económicamente activa opera en la informalidad. No por vocación anti sistémica, sino porque formalizarse suele ser costoso, lento y riesgoso. La ley se percibe distante; la justicia, selectiva; la política, ajena. Se obedece cuando no queda alternativa, pero no se cree.
Las asimetrías de riqueza no pueden resolverse exclusivamente con ayuda social convertida en transferencias permanentes. Estas pueden aliviar la pobreza en el corto plazo, pero no erradicarla. Mientras las personas permanezcan atrapadas en estructuras que las empujan a la dependencia del consumo y le bloquean el acceso estable a la participación productiva, crédito, propiedad segura, mercados formales, la pobreza no desaparece: se disfraza. Su reducción aparente es frágil e inestable.
En contextos donde la globalización convive con salarios estancados, precariedad laboral e informalidad masiva, el derecho pierde neutralidad simbólica. La justicia se percibe ajena, costosa y tardía. El ciudadano cumple, pero deja de confiar. Y cuando la obediencia se separa de la confianza, la legitimidad se vacía.
Stiglitz sostiene que esta desigualdad no es un accidente del mercado, sino el resultado de decisiones políticas: sistemas tributarios regresivos, captura regulatoria, debilitamiento de contrapesos laborales y privatización de beneficios. En el Perú, esa lógica se expresa con nitidez en sectores como la minería informal e ilegal y la tala ilegal. Actividades que nacen muchas veces como estrategias de supervivencia ante un Estado ausente o punitivo, pero que, al no ser encauzadas a tiempo, se convierten en economías criminales. El daño no es solo ambiental o fiscal: Es institucional. La ley deja de ser protección y se vuelve amenaza; la formalidad, un riesgo; la ilegalidad, un refugio.
La globalización prometió eficiencia, pero descuidó el contrato social. Abrir mercados sin fortalecer instituciones redistributivas fractura el vínculo entre economía y democracia. En el Perú, la recaudación existe, pero la redistribución es débil, fragmentada y poco visible. La riqueza crece; la cohesión no. Y cuando la cohesión falla, la justicia deja de ser árbitro para convertirse en escenario de disputa.
El sistema judicial carga entonces un peso excesivo: Se le exige corregir desigualdades que nacen antes del proceso judicial, educación desigual, información asimétrica, capacidad limitada para litigar. El resultado no es equidad, sino frustración. El juez deja de ser percibido como garante y pasa a formar parte de un engranaje que reproduce la asimetría.
![]()
Una sociedad muy desigual puede ser rica, pero no es libre
![]()
