OPINIÓN/ La destrucción de la política y la crisis del presidencialismo

(El Montonero).- En el Perú se ha comenzado a sostener que el presidencialismo está en crisis y que ha llegado la hora de refundar el sistema político con el modelo del régimen parlamentario. Ese análisis se basa en el hecho de que desde el 2016 hasta la fecha debieron ejercer dos jefes de Estado; sin embargo, han existido siete mandatarios mediante una serie de procesos de renuncia, vacancias y golpes de masas, en los que el Legislativo fue el centro de las decisiones.

El país ha vivido una guerra civil sin balas que destruyó las instituciones

Al lado de esta argumentación el progresismo suele sostener que en el país se ha instaurado una dictadura parlamentaria conducida por una coalición de partidos que, según estas argumentaciones, incluso tiene vínculos con la corrupción. Si bien existen sectores vinculados a las economías ilegales, cargarse a todo el Legislativo es un relato, una fábula, una narrativa que tiene audiencia en diversos sectores de la sociedad.

Sin embargo, en el Perú antes que la agonía del modelo presidencial o la existencia de una pérdida de los contrapesos de poder, padece una crisis de la política –el motor y el combustible de la libertad– sin la cual cualquier democracia muere sin necesidad que emerja un dictador que concentre poderes, tal como sucede en la Venezuela de Nicolás Maduro. 

¿A qué nos referimos? En Perú luego del fin del gobierno de Alberto Fujimori se desató una polarización política que corresponde a una sociedad que ingresa a una guerra civil. En esta polaridad se enfrentaron el fujimorismo y el antifujimorismo, las dos principales corrientes de las últimas décadas que buscaban acabar con el ejército político contrario. No hubo balas, pero sí el intento de eliminar al rival mediante la utilización del Ministerio Público y sectores del Poder Judicial como herramienta política para resolver las diferencias.

Una simple cronología de las elecciones nos revela la devastación de la política. En el 2001 ganó Alejandro Toledo y Alan García quedó segundo. En el 2006 ganó García y segundo quedó Ollanta Humala. En el 2011 ganó Humala y Keiko Fujimori quedó en segundo lugar. En el 2016 está lógica de relevos y contrapesos que se constituía en tradición en la política se rompió y ganó Pedro Pablo Kuzcynski. En el 2021 ganó Pedro Castillo y Keiko volvió a perder.

Claro que se puede argumentar que el fujimorismo perdió por mano propia, por errores propios. Es una parte de la verdad. Sin embargo, pretender negar que hubo un veto, una guerra del fin del mundo para detener la llegada de un sector al poder es renunciar a un análisis objetivo. En esta guerra civil sin balas también hay responsabilidad del fujimorismo, por supuesto que sí. Allí está la ceguera de la oposición adolescente a PPK.

Más allá de las adhesiones y rechazos y las argumentaciones excesivas nadie puede negar que hubo una guerra civil sin balas, con la misma polaridad y odio que en la Guerra Civil Española o la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia entre perseguir y encarcelar a un adversario con respecto a disparar y acabar con la vida del enemigo en la guerra civil? Solo un cínico que aplica la ley penal con la misma frialdad del estalinismo puede argumentar que no hay mayores problemas.

Allí está la causa de la crisis del sistema político en el Perú y también la explicación de las acciones y reacciones del Congreso y de las instituciones del Estado de derecho. Hoy que el fujimorismo es una fuerza más de la centro derecha y disputa con otros movimientos este mayoritario espacio el progresismo se apura en demonizar a todo el amplio espectro de la derecha .

En este contexto, si el Congreso se apura en desmontar el control progresista de las instituciones de justicia –y, a veces, se le va la mano– es porque todos los políticos anticomunistas en el Perú fueron perseguidos sin cuartel hasta facilitar el triunfo de Pedro Castillo y el eje bolivariano. Si hay una coalición que actúa en el Congreso, entonces, casi es por sobrevivencia. Ellos entienden que si no hacen lo que hacen tendrán que pedir permiso a una oenegé para hacer política.

Ahora bien, mencionar la causa de la crisis del sistema político en la guerra civil sin balas que enfrentó a los peruanos de ninguna manera significa promover un nuevo ciclo de retaliaciones y expediciones punitivas. En realidad, se menciona la guerra civil sin balas para volver a reconstruir la política y ver la posibilidad de construir nuevos acuerdos en el mediano y largo plazo. 

Sin embargo, para hacer acuerdos existe una condición: el progresismo –tal como sucede en Chile y Colombia– debe abandonar las oenegés, renunciar a la supuesta condición de periodista, de activista cultural o de académico y debe organizarse en un partido, desarrollar un programa y presentarse a las elecciones. Si hay tanto interés en el poder estatal ese es el único camino. De lo contrario, el diálogo no será posible, más allá de mantener ministerios y sinecuras para atender la crítica de los que pretenden gobernar sin ganar elecciones y sin tener representación propia en el Legislativo.