OPINIÓN/ La deuda invisible de los planes de gobierno
Escribe: Julio Villafuerte Osambela
Cuando el Estado no incorpora escenarios climáticos en la planificación económica, termina promoviendo actividades frágiles, expuestas a pérdidas recurrentes.
En el debate político peruano se repite una escena conocida. Cada proceso electoral trae consigo promesas ambiciosas: erradicar la pobreza, mejorar la educación y la salud, generar empleo, fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la corrupción e incluso garantizar la seguridad nacional. El problema no es la ambición de los objetivos, sino la fragilidad de los cimientos sobre los que se construyen. Tras revisar los planes de gobierno desde una perspectiva climática y de gestión del riesgo de desastres, emerge una omisión persistente: el conocimiento climático y meteorológico del país no ocupa el lugar que debería en la toma de decisiones públicas.
No se trata de un vacío técnico ni de un olvido menor. Es una falla estructural. Gobernar un país sin comprender su clima, su variabilidad y sus riesgos equivale a gobernarlo a ciegas. En un territorio como el Perú (diverso, frágil y altamente expuesto a eventos extremos) el clima no es un simple escenario, sino una variable que condiciona la pobreza, el desarrollo y la estabilidad del Estado.
La pobreza en el Perú tiene un rostro territorial y climático. Las zonas con mayores índices de pobreza suelen coincidir con aquellas más expuestas a sequías, inundaciones, heladas, friajes o a otros fenómenos climáticos extremos. Cuando el Estado impulsa programas productivos, transferencias sociales o inversiones públicas sin considerar estas dinámicas, los avances logrados pueden desaparecer en una sola temporada de lluvias intensas o durante una sequía prolongada. Así, la pobreza no se erradica: se reproduce de manera cíclica. Sin planificación climática, las políticas sociales se convierten en esfuerzos temporales, vulnerables y costosos.
La educación tampoco escapa a esta realidad. Cada año, miles de estudiantes ven interrumpido su aprendizaje por desastres naturales, colegios inundados, carreteras colapsadas o condiciones térmicas extremas. Escuelas ubicadas sin criterios de riesgo o construidas sin estándares de adaptación terminan siendo espacios inseguros o inutilizables.
Sin información meteorológica confiable ni análisis de riesgo, resulta imposible planificar calendarios escolares realistas, infraestructura resiliente o mecanismos de continuidad educativa. Una educación que se detiene cada vez que el clima se intensifica no solo pierde días de clase: profundiza desigualdades que luego el propio sistema intenta corregir sin éxito.
En el sector salud, la relación con el clima es todavía más directa. La variabilidad climática influye en la propagación de enfermedades como el dengue, la malaria o las infecciones respiratorias, así como en la desnutrición asociada a pérdidas agrícolas recurrentes. Sin sistemas de vigilancia climática ni alertas tempranas reales, el sistema sanitario actúa de forma reactiva, cuando los hospitales ya están saturados y el daño social ya ocurrió. La prevención en salud (tan invocada en el discurso electoral) depende de anticipar riesgos, y anticipar riesgos exige información meteorológica oportuna y confiable.
El empleo, especialmente el empleo sostenible, también está condicionado por el clima. Sectores estratégicos como la agricultura, la pesca, el turismo, la construcción o el transporte dependen de condiciones ambientales relativamente previsibles. Cuando el Estado no incorpora escenarios climáticos en la planificación económica, termina promoviendo actividades frágiles, expuestas a pérdidas recurrentes. Cada desastre destruye empleos, reduce ingresos y empuja nuevamente a miles de personas hacia la informalidad o la pobreza. El crecimiento económico sin enfoque climático suele ser celebrado en el corto plazo y lamentado en el siguiente evento extremo.
Incluso la seguridad ciudadana tiene una relación directa con el clima. Los desastres generan desplazamientos internos, presión sobre los servicios urbanos, informalidad acelerada y conflictos sociales. La pérdida de medios de vida incrementa la conflictividad y la criminalidad asociada a la supervivencia. Allí donde el riesgo climático no se gestiona, la inseguridad encuentra condiciones favorables. No se trata únicamente de presencia policial, sino de prevenir las dinámicas sociales que erosionan la cohesión y la estabilidad.
La lucha contra la corrupción tampoco puede analizarse al margen de este contexto. Las emergencias recurrentes, mal previstas y deficientemente gestionadas crean espacios para compras urgentes sin control, reconstrucciones repetidas, sobrecostos y uso político de la ayuda humanitaria. Cuando no existe planificación basada en datos climáticos, el Estado vive en una emergencia permanente. Y donde la improvisación se normaliza, la corrupción deja de ser una excepción.
A todo ello se suma una dimensión cada vez más relevante: la seguridad nacional. A nivel global, el clima es reconocido como un multiplicador de riesgos estratégicos. En el Perú, los eventos extremos pueden aislar regiones enteras, interrumpir vías estratégicas, comprometer infraestructura crítica y debilitar el control territorial, especialmente en zonas fronterizas y amazónicas. La inseguridad alimentaria derivada de crisis climáticas puede traducirse en protestas, conflictos y pérdida de gobernabilidad. Las migraciones internas forzadas presionan a ciudades y servicios que ya operan al límite.
Las Fuerzas Armadas y los sistemas de defensa tampoco pueden operar eficazmente sin información climática. Responder a emergencias sin pronósticos ni escenarios claros es costoso, tardío y desgastante. Defender un territorio sin conocer sus riesgos naturales es intentar ejercer soberanía sin conocimiento pleno del país que se protege.
Por ello, cualquier plan de gobierno que aspire seriamente a erradicar la pobreza y fortalecer el Estado debe integrar el conocimiento climático y meteorológico como un eje transversal. No como un capítulo decorativo ni como una referencia marginal, sino como una herramienta central de planificación, prevención y toma de decisiones. Esto implica fortalecer instituciones técnicas, articular datos científicos con políticas públicas y asumir que el desarrollo no puede separarse de la realidad ambiental.
Planificar con información meteorológica no es un lujo ni una obsesión académica
Ignorar el clima no es neutral. Tiene costos sociales, económicos y políticos. Un país que no planifica con base en su clima está condenado a repetir emergencias, reconstruir lo ya perdido y administrar crisis en lugar de prevenirlas. Erradicar la pobreza, mejorar la educación y la salud, generar empleo, fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la corrupción y garantizar la seguridad nacional exige algo elemental: conocer el país que se gobierna.
Hablamos de recursos suficientes para transformar servicios públicos, atraer mejor inversión privada y reducir vulnerabilidad estructural. Pero en lugar de eso, se destinan sistemáticamente a reconstruir, subsidiar pérdidas y administrar emergencias previsibles.
Planificar con información meteorológica no es un lujo ni una obsesión académica. Es, probablemente, una de las políticas de ahorro más evidentes que el Estado podría adoptar sin crear nuevos impuestos ni recortar derechos.
Porque al final siempre se puede prometer cualquier cosa en un plan de gobierno. Lo verdaderamente desafiante es aceptar que el clima existe, que no responde a discursos y que planificar sin mirarlo de frente no es una muestra de optimismo, sino de una sorprendente confianza en la suerte. Y hasta ahora, como país, la suerte no ha demostrado ser una política pública muy eficaz.
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