OPINIÓN/ La estafa del Fonavi: una herida abierta

Escribe: Francisco Diez-Canseco Távara (*)

 

El caso del FONAVI sigue siendo un recordatorio de cómo el mal manejo de recursos públicos destruye la confianza ciudadana y mantiene abierta la deuda moral y económica

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) nació en 1979 con la promesa de transformar los aportes obligatorios de los trabajadores en viviendas, agua, desagüe y electrificación. El mecanismo parecía simple: cada trabajador aportaba un porcentaje de su remuneración y, a cambio, el Estado debía garantizar que esos recursos se invirtieran en programas sociales que los beneficiaran directamente.

La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, los recursos fueron desviados sistemáticamente hacia proyectos ajenos a la finalidad del fondo, convirtiéndose en una caja paralela para cubrir otras necesidades estatales. Finalmente, bajo el régimen de Alberto Fujimori, en 1998 se ordenó la absorción de los fondos por el Tesoro Público, consumando lo que millones de trabajadores consideran hasta hoy una de las mayores estafas de la historia peruana.

La deuda original con los fonavistas supera los 10 mil millones de soles, aportados por más de 1.9 millones de personas a lo largo de casi dos décadas. Lejos de recibir vivienda o servicios básicos, los aportantes vieron cómo su dinero se esfumaba en el laberinto de la burocracia y el uso político.

Tras años de lucha ciudadana, en 2010 un referéndum obligó al Estado a reconocer la devolución. El Congreso aprobó la Ley N.° 29625 en 2011, que creó la Comisión Ad Hoc encargada de reintegrar los aportes. No obstante, el proceso ha sido lento, fragmentado y, francamente, insuficiente frente al daño ocasionado.

Hasta agosto de 2025, la Comisión ha devuelto alrededor de S/ 3,578 millones a más de 1.24 millones de fonavistas en listas sucesivas y reintegros. Sin embargo, todavía queda un universo de al menos 650 mil personas pendientes de ingreso a nuevas listas, además de cerca de 930 mil beneficiarios que esperan reintegros y actualizaciones. Para cumplir con lo que ordena la ley, se estima necesario un desembolso adicional de S/ 3,500 millones, cifra que contrasta con los 10 mil millones de la estafa total.

Desde Toledo hasta Boluarte, los gobiernos posteriores han mostrado, en el mejor de los casos, una falta de vocación real de devolver el monto sustraído a millones de fonavistas. La continuidad de esa indiferencia prolonga el drama de cientos de miles de adultos mayores que aportaron con la esperanza de acceder a un derecho elemental.

El caso del FONAVI sigue siendo un recordatorio de cómo el mal manejo de recursos públicos destruye la confianza ciudadana y mantiene abierta la deuda moral y económica de un Estado con su propio pueblo.

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(*) Presidente de Perú Acción
     Presidente del Consejo por la Paz

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