OPINIÓN/ La frontera olvidada

Escribe: Francisco Diez-Canseco Távara (*)

Es hora de que el Estado actúe con decisión, no con parches ni promesas vacías. La presencia nacional en las fronteras debe ser integral y permanente

En los márgenes del territorio peruano, miles de compatriotas sobreviven en el olvido. Las zonas fronterizas, especialmente en la Amazonía, son testigos de un abandono histórico que pone en riesgo no solo la dignidad de sus habitantes, sino también la soberanía nacional. Allí, más de 400 comunidades indígenas, en su mayoría originarias, viven sin que el Estado garantice lo más básico: salud, educación, justicia y seguridad.

El panorama sanitario es indignante. Aún hoy, más de la mitad de la población en estas zonas sufre inseguridad alimentaria y las tasas de desnutrición y anemia infantil siguen siendo alarmantes. Cuando un paciente se encuentra en situación crítica, debe ser trasladado en avioneta a Iquitos o incluso a localidades de países vecinos para recibir atención que debería estar disponible en su propia tierra. El abandono se mide en vidas perdidas por falta de un médico o de una ambulancia.

En educación, la herida es profunda. La deserción escolar en inicial y primaria ha crecido en los últimos años, alcanzando niveles que en las ciudades serían escandalosos. El acceso a estudios superiores en comunidades nativas apenas bordea entre el 3,7 % y el 10,5 %, muy por debajo del promedio nacional. Muchos maestros carecen de formación adecuada y deben improvisar en aulas precarias, sin materiales y sin respaldo real del Estado.

En justicia y seguridad, la ausencia gubernamental ha permitido que organizaciones criminales impongan sus propias leyes. Narcotráfico, minería ilegal y trata de personas son parte del paisaje cotidiano, mientras las autoridades actúan de forma intermitente o puramente simbólica. Así, el Estado cede territorio y poder en lugares donde debería reafirmarlos.

La isla de Santa Rosa, en plena triple frontera, es la expresión más dramática de este abandono. Con cerca de 3 500 habitantes, carece de agua potable, desagüe, calles, muelle y centro médico funcional. Sus niños estudian hacinados y quienes requieren atención urgente dependen de evacuaciones costosas y peligrosas.

Peor aún, esta isla es objeto de reclamo por parte de Colombia, pese a que tratados internacionales avalan la soberanía peruana. Defenderla no es solo una cuestión diplomática: es garantizar que sus pobladores vivan con dignidad, que no sean rehenes del olvido.

Es hora de que el Estado actúe con decisión, no con parches ni promesas vacías. La presencia nacional en las fronteras debe ser integral y permanente, para que ningún peruano vuelva a sentirse extranjero en su propia tierra.

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(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz

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