OPINIÓN/ ¡La minería ilegal ya tiene quien le escriba!

(El Montonero).- Antes de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado –que empobreció al 60% de los peruanos, desató una de las hiperinflaciones más devastadoras de la historia económica y fundó el primer modelo chavista, nasserista, en la América Hispana– las izquierdas solían alentar las invasiones y asaltos de tierras porque “los predios de la oligarquía nacional estaban ociosos, no se trabajaban”. Luego la dictadura militar acuñaría “la tierra es para quien la trabaja” y el Perú se desbarrancó perdiendo casi el 30% del PBI.

El nuevo populismo minero que amenaza el Estado de derecho

¿A qué viene este ejercicio de la memoria? Luego del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz se ha desatado en el Perú una narrativa populista sobre la minería que es extremadamente peligrosa, inaceptable, desde cualquier punto de vista democrático. Desde los predios del chavismo y de la izquierdista comunista se puede tolerar el nuevo relato, pero de ninguna manera en los sectores que defendemos la democracia y las libertades.

El nuevo relato señala que la causa de la minería ilegal y los altos niveles de informalidad minera es la existencia de concesiones ociosas, controladas por especuladores que no producen ni trabajan. Sin embargo, solo el 14% del territorio nacional está concesionado. ¿Acaso falta espacio para explorar y desarrollar emprendimientos? De ninguna manera. Únicamente estamos ante un argumento para justificar la violencia y el asalto del sistema de derechos de propiedad en el Perú.

Por otro lado, se argumenta que las concesiones mineras formales son demasiado extensas. En el Perú las concesiones mineras formales suman más de 10,000 hectáreas. ¿Por qué? Porque es la única manera en el Perú y en cualquier parte del mundo de convocar inversiones con alta intensidad de capital, tecnologías de punta y economías de escala, con el objeto de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras, sobre todo los pobladores del Ande. Si no fuese así la minería nacional se desarrollaría solo en base a la pequeña minería artesanal –tal como sucedía en el siglo XIX en los países ahora desarrollados– y convertiría a nuestra sociedad en un basurero de desechos que tomaría décadas en recuperar para las nuevas generaciones. Y sería imposible recaudar recursos fiscales y generar empleo como ahora se hace.

Una concesión minera formal requiere una gran extensión porque la concesión es titulizada para conseguir capital en los mercados financieros del mundo, luego de haberse confirmado un nivel de reservas probadas del mineral. Luego de la capitalización las empresas inician la explotación: sin embargo, desde el centro de la operación comienza un proceso de exploración –en el área de la concesión que no se explota– con el objeto de incrementar las reservas probadas y prolongar la vida de la mina hasta donde sea posible. Esas áreas ahora son llamadas “concesiones ociosas” por el populismo minero que pretende justificar la minería ilegal.

Una de las mentiras más graves del nuevo populismo minero es la afirmación acerca de que los mineros ilegales invaden y asaltan las concesiones ociosas, sin producir. Una leyenda de principio a fin porque los conflictos solo se presentan en las áreas con reservas probadas de las empresas mineras formales. Por ejemplo, en el corredor minero del sur los mineros ilegales de cobre solo están asaltando las reservas probadas que las empresas modernas han encontrado luego de años de exploración. Algo parecido sucede con los ataques a las empresas formales en Pataz.

El nuevo populismo minero, pues, es una de las narrativas más peligrosas que ha surgido en los últimos tiempos, sobre todo porque –como suelen hacer todas las corrientes comunistas– pretende señalar que las injusticias en los Andes se explican por el sistema de propiedad minera –similar al de todas las potencias mineras del mundo– y no por el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza minera, gigantescas sumas pagadas en impuestos. La falta de agua potable, carreteras, colegios y centros de salud se pretende explicar por el sistema de propiedad minera.