OPINIÓN/ La nueva etapa de la reforma universitaria: ¡La acreditación!

(El Montonero).- Luego de una década de creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu, de un total de 144 universidades existentes en esa fecha, 98 lograron licenciarse y establecer las condiciones básicas de calidad. Es decir, una oferta de carreras, grados y títulos acorde a los objetivos declarados por la institución: condiciones básicas de infraestructura (locales, laboratorios, tecnologías), líneas de investigación, personal docente idóneo, entre otros. El proceso de licenciamiento canceló a 46 claustros que no merecían integrar el sistema universitario. 

Un debate para avanzar en la calidad del sistema universitario

Del total de universidades licenciadas, la mitad son públicas y la otra mitad son privadas (asociativas y societarias). Sin embargo, el sistema universitario, más allá de los esfuerzos particulares de las universidades, no avanzó hasta el establecimiento de un sistema de acreditación que signifique un salto cualitativo en la reforma universitaria.

De alguna manera una corriente estatista en el sistema universitario considera que la reforma consiste en que el Estado se encargue de vigilar el licenciamiento de las universidades, a la espera de que las licencias otorgadas caduquen en los 6 o 10 años siguientes, tal como lo establece la ley. En este contexto, en el Congreso se han creado alrededor de 40 nuevas universidades sin criterios técnicos que obligan a una nueva etapa de licenciamiento para los nuevos claustros (de concretarse las decisiones legislativas).

Algo está mal en el proceso de reforma universitaria. Y es incuestionable que el asunto tiene que ver con la acreditación universitaria. ¿A qué nos referimos? En los mejores sistemas universitarios del mundo, ya sea el de Estados Unidos o el del Reino Unido, el licenciamiento que otorga el Estado es por una sola vez en tanto que la acreditación es un proceso permanente, vivo y cuestionador.

La acreditación evalúa el estado académico integral de una carrera, de una facultad y de una universidad y, como se dice, toma una fotografía de los avances académicos, los déficits acumulados y los objetivos a desarrollar. Por ejemplo, se evalúa una carrera y se analizan el currículo, los planes de investigación, el número y los niveles de los profesores, la existencia de revistas indexadas y la cantidad de artículos publicados en las revistas académicas. En una acreditación la acreditadora puede establecer que una determinada facultad ha cumplido el 50% de los requisitos para acreditarse y puede conceder la acreditación con el compromiso de la unidad académica de mejorar en un 20%. Si el año siguiente no se cumplen los compromisos se retira la acreditación.

En Estados Unidos, por ejemplo, los organismos acreditadores son entidades independientes del Estado Federal o de los Estados que acreditan permanentemente en el sistema universitario. Algo parecido sucede en el Reino Unido y los mejores sistemas universitarios.

En el Perú el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) ha sido renovado luego de casi una década de reorganización; un proceso que debería significar un plan audaz de acreditación de las carreras y facultades de las universidades que cuentan con el licenciamiento de las condiciones básicas de calidad.

Hoy la acreditación es voluntaria; sin embargo, deberían crearse incentivos para promover este proceso en los claustros y desarrollar una constructiva competencia en las acreditaciones. Por ejemplo, las universidades acreditadas deberían tener prioridad en los fondos concursables, en las becas y otros recursos que provienen del Estado y la sociedad.

No obstante, si se multiplican los observatorios educativos, ya sea a través del Estado o la sociedad, en donde se registren las carreras y las acreditaciones y la empleabilidad de los alumnos en la economía, es innegable que los consumidores de la educación (padres de familia y alumnos), elegirían a las universidades y carreras acreditadas.

La combinación entre un adecuado licenciamiento –que debería ser por una sola vez, como en Estados Unidos– y la acreditación elimina absurdos que las corrientes estatistas pretenden promover: tal como, por ejemplo, sucede con las contradicciones que se plantean entre oferta educativa presencial y la educación virtual.

El mundo avanza aceleradamente hacia la educación digital y en el Perú la oferta virtual podría integrar a generaciones enteras de regiones y provincias alejadas. Es decir, sin posibilidades de acceder a una universidad. La distancia y la geografía lleva al populismo y a los políticos demagogos a crear universidades físicas sin criterios técnicos, ignorando que ya existe una educación digital de calidad que debe ser respaldada y promovida.