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OPINIÓN/ La reforma judicial y el conflicto presidencial

Escribe: Delia Muñoz M.

 

la presidente Boluarte debe entender que no es, en este momento,  la persona idónea para presidir en forma permanente el Consejo de Reforma

El derecho de acceso a la justicia esté reconocido en nuestra Constitución, en la práctica  sin embargo, es casi imposible obtenerla, por las mas diversas causas, la interminable duración de los procesos, la inexistencia de mecanismos eficaces que permitan la autocomposición de los conflictos, los altos estándares para lograr condenas penales, cuando no la corrupción que lo distorsiona todo. En ese contexto, es claro que necesitamos comenzar a empujar un proceso de reforma del sistema judicial.

Desde mayo del 2019 el entonces presidente Vizcarra promulgó una Ley por la cual se creaba el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, el cual está integrado por las cabezas de poderes e instituciones constitucionales como son: el Contralor, el Defensor del Pueblo, los presidentes del Tribunal Constitucional y Poder Judicial, el Fiscal de la Nación y Presidente de la República. La norma establece una rotación en la presidencia entre sus mas diversos integrantes y la posibilidad que concurran al Consejo los titulares y sus representantes.

Hablar de reforma judicial, es fácil pero implica crear las reglas, formales e informales, para que funciones un sistema que abarca aspectos normativos y socio-culturales, pues necesariamente los cambios impactan en la sociedad. Por ello usualmente, aparte del apoyo político es necesario contar con expertos que permitan aportar propuestas sobre normas o procesos que modifican el funcionamiento y estructura de los juzgados y salas, nuevas normas para la gestión u administración de los tribunales o fiscalías, y, la reforma a normas procesales.

Así en el año 2021 se emitió el Informe ¨Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia¨ bajo el lema La Reforma del Sistema de Justicia de Cara al Bicentenario, en el cual se identifican 9 objetivos y por ende una matriz de propuestas alrededor de ellas: impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de justicia, facilitar el acceso a la justicia de todas las personas, modernizar los procesos judiciales no penales

Modernizar los procesos penales y el sistema penitenciario, fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema de justicia, mejorar el ejercicio y formación para la abogacía, fortalecimiento de las políticas anticorrupción, control disciplinario y ético, combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y, fortalecer la adecuación normativa. Como podemos apreciar este documento de diagnóstico y propuestas puede o no gustar, pero es un documento de inicio para poder comenzar a ejecutar las decisiones que la política pública requiere, que van desde asignaciones presupuestarias, contratación de personal, mejora de normas, entre otras.

En este punto, cabe señalar que no hay un modelo único a seguir para llevar a cabo un proceso de reforma del sistema judicial, pero si queda claro que es una actividad  compleja que requiere  una clara distinción entre los objetivos o metas de la institución y la situación empírica.

En ese contexto, la presidente Boluarte debe entender que no es, en este momento,  la persona idónea para presidir en forma permanente el Consejo de Reforma, por cuanto al estar siendo investigada por la comisión de presuntos hechos delictivos y reclamar protección constitucional para no ser investigada hasta el término de sus funciones, por lo menos está en una situación de conflicto de intereses y, su participación no genera la confianza necesaria para confiar en la objetividad del proceso normativo de reforma, las profundas críticas que afronta su gestión, adicionalmente le resta la legitimidad necesaria que se precisa para encabazar un proceso tan sensible.

La presidente puede apoyar el proceso de reforma -tan necesario- promoviendo recursos para su éxito y permitiendo la participación de expertos nacionales y extranjeros que asesoren al Consejo de Reforma, el cual puede comenzar por lo menos con los objetivos que están planteados desde el 2021, hago votos para que críticas como las planteadas no importen un atraso o suspensión del inicio de los cambios que son urgentes.

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