OPINIÓN/ La tarifa de transferencia: el abuso que desnuda a un Estado capturado

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

 

Un cobro injusto y abusivo

 

La llamada tarifa de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez no es un simple cargo adicional: es la prueba de cómo el Estado peruano se ha puesto de rodillas frente a un concesionario.

Hoy, 25 de octubre, se inicia oficialmente este abuso: un cobro que no tiene base técnica ni legal, que viola la Ley de Aeronáutica Civil (Ley 27261) y el artículo 65 de la Constitución, que obliga al Estado a defendernos de abusos de posición de dominio. El atropello ya no es futuro: empezó hoy, con el aval cómplice del Estado.

Ley de Aeronáutica Civil del Perú – Ley N° 27261 (2000)

• Artículo I (Principios Generales): señala que la actividad aeronáutica se desarrolla en función del interés público y social. El Estado tiene la obligación de fomentar, supervisar y regular el transporte aéreo en beneficio de los usuarios y del desarrollo del país.

• Artículo 2: reafirma que la aeronáutica civil es una actividad de interés nacional y que el Estado debe garantizar que se desarrolle bajo criterios de seguridad, eficiencia y competitividad.

• Artículo 4 (Competencia del Estado): indica que corresponde al Estado normar, regular y supervisar la actividad aeronáutica. Esto incluye evitar prácticas que limiten la libre competencia o perjudiquen a los usuarios.

• Artículo 6: reconoce expresamente que la prestación de los servicios de transporte aéreo debe hacerse en condiciones de competencia leal, respetando la normativa de defensa de la competencia y de los derechos de los usuarios.

 

Constitución Política del Perú – Artículo 65

El artículo 65 establece un principio fundamental de defensa del consumidor y de la competencia:

“El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. El Estado fomenta, especialmente, la libre competencia y combate toda práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.”

Aquí no se defendió al ciudadano: se lo traicionó.

Un monopolio armado desde el contrato

El contrato de concesión entregó a Lima Airport Partners (LAP) una exclusividad aerocomercial de 100 millas náuticas alrededor de Lima, blindando su monopolio. Y, por si fuera poco, se prohibió usar o volver a concesionar el antiguo terminal del Jorge Chávez, que pudo haber servido para aliviar la saturación y ofrecer alternativas más baratas. Es decir, el Estado nos amarró a un solo operador y cerró toda puerta a la competencia.

Las consecuencias ya están aquí

No se trata de una discusión académica ni de un reclamo aislado. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) han advertido que, con la aplicación de esta tarifa de transferencia, el Aeropuerto Jorge Chávez podría convertirse en el más caro de la región.

¿Las consecuencias?

  Pérdida de competitividad frente a aeropuertos vecinos como Bogotá, Panamá o Santiago.

  Reducción de la llegada de nuevas aerolíneas y cancelación de proyectos de rutas intercontinentales.

  Incremento en el precio de los boletos aéreos para los usuarios nacionales e internacionales.

  Golpe directo al turismo receptivo y al comercio exterior.

  Y, lo más grave: el riesgo de que Lima deje de consolidarse como hub regional, hipotecando el futuro estratégico del Perú en la aviación internacional.

Mientras otros países invierten para atraer más vuelos, fortalecer sus hubs y diversificar su conectividad, el Perú se da el lujo de encarecer artificialmente su principal aeropuerto para proteger los ingresos de un concesionario. No solo se afecta al usuario, se compromete el crecimiento del país entero.

Los cómplices institucionales

Este abuso no sería posible sin la pasividad, cuando no complicidad, de las instituciones llamadas a protegernos:

• MTC, que como concedente toleró 15 años de retrasos y aceptó obras inconclusas y deficientes.

• DGAC, que debía fiscalizar la seguridad, y terminó subordinada al concesionario, aprobando proyectos sin eficientes Estudios de Seguridad Operacional.

• OSITRAN, que debió defender a los usuarios y terminó actuando como abogado de LAP, avalando la tarifa de transferencia.

• PROINVERSIÓN, que diseñó un contrato a la medida del privado, con cláusulas imposibles de cumplir en tiempo por el estado y que blindaban sus intereses.

• Contraloría, que se limitó a “observar” sin sancionar, dejando que la irregularidad se convierta en regla.

Esto no es solo negligencia: puede ser delito

Las decisiones y omisiones que permitieron este abuso podrían configurar negligencia grave en la función pública, pero también el delito de colusión (artículo 384 del Código Penal) si se demuestra que funcionarios actuaron en beneficio propio y del concesionario en perjuicio del país.

El Congreso debe dejar lo mediático

El Congreso de la República no puede seguir limitado a lo mediático, paseándose por el aeropuerto para encuestar a pasajeros sobre su malestar. Eso es show político, no fiscalización real. El país exige una investigación rápida y seria, con facultades plenas, que vaya al fondo del contrato, de las adendas y de las decisiones administrativas que nos condujeron a este abuso. Y, sobre todo, que identifique con nombre propio a los responsables que desde el año 2001 participaron en estas irregularidades, para que no sigan paseándose impunemente por las instituciones del Estado ni acumulando más daño contra el interés nacional.

Conclusión

La tarifa de transferencia no es un problema aislado: es el rostro visible de un Estado capturado por intereses privados. No es solo un abuso contra los pasajeros: es una amenaza contra el futuro estratégico del Perú como centro de conectividad regional.

Los peruanos no podemos seguir pagando la factura de malos funcionarios y concesiones hechas a medida para enriquecer a unos pocos.

El Congreso tiene la obligación histórica de dejar el espectáculo y actuar con contundencia: investigar, sancionar e impedir que los responsables de este atropello sigan impunes, cómodamente instalados o rotando por años en las instituciones públicas.

“El aeropuerto Jorge Chávez no puede seguir siendo el monumento más costoso a la complacencia y la captura regulatoria. O el Estado recupera la brújula y defiende el interés nacional consolidando a Lima como hub regional, o seremos testigos de cómo, por proteger a un concesionario, se destruye la aviación peruana desde su propio corazón.”