OPINIÓN/ La última jugada del director de la DGAC: una maniobra para salvar su imagen en medio del derrumbe.
Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli
La aviación peruana no puede seguir dirigida por quienes confunden autoridad con servilismo.
La reciente crisis de gobierno, detonada por el cambio de presidente y la renuncia total del gabinete, ha dejado al descubierto uno de los episodios más vergonzosos del sector Transportes: la maniobra interna del director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien aprovechó el último minuto de gestión del ministro saliente para ejecutar una jugada de supervivencia política que raya en la indecencia institucional.
A través de las Resoluciones Ministeriales N° 723, 724 y 725-2025-MTC/01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano durante las últimas horas del ministro saliente, se designó de manera simultánea y sospechosamente acelerada a tres nuevos directores en las áreas neurálgicas de la DGAC:
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Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico,
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Certificaciones y Autorizaciones, y
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Seguridad Aeronáutica.
Lo que en apariencia podría verse como una simple renovación administrativa, en realidad encubre un movimiento estratégico cuidadosamente orquestado: deslindar responsabilidades y sacrificar subordinados para limpiar la propia imagen ante el nuevo ministro, luego de una gestión plagada de omisiones, complacencias y fracasos técnicos.
Un director sin autoridad técnica, pero con olfato político
Durante su permanencia, el actual director de la DGAC ha demostrado una capacidad inusual para sobrevivir políticamente a pesar de su ineficiencia técnica. Se ha mantenido en el cargo no por mérito, sino por su habilidad para adaptarse y complacer al poder político de turno y algunas empresas, incluso a costa de la seguridad operacional del país.
Esa actitud servil, que en cualquier institución seria sería motivo de destitución, se ha vuelto un patrón: cuando las cosas se complican, cambia directores, reparte culpas y se presenta como víctima de su propio equipo.
Pero esta vez el contexto lo delata. Las designaciones de último minuto coinciden con tres frentes críticos que hoy tienen a la DGAC al borde del descrédito total:
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El caso Chinchero: un aeropuerto en construcción que avanza sin contar con un Estudio de Seguridad Operacional (ESO) validado, pese a que la normativa nacional e internacional lo exige antes de la construcción de cualquier nuevo aeródromo. Las observaciones sobre gradientes, altitud, obstáculos, condiciones meteorológicas y performance de aeronaves fueron ignoradas por completo, comprometiendo desde ahora su viabilidad operativa.
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El convenio OACI: convertido en un instrumento para encubrir ineficiencias, contrataciones dudosas y auditorías postergadas. Lejos de fortalecer la institucionalización y la fiscalización, se ha usado para maquillar indicadores de cumplimiento y justificar contrataciones y asesorías sin resultados concretos, diluyendo responsabilidades dentro de una estructura burocrática sin transparencia.
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Las fallas reiteradas de CORPAC y de los concesionarios: sin control, sin sanciones y sin corrección efectiva de los incidentes e irregularidades que se repiten en los aeropuertos del país. Desde el Jorge Chávez hasta los terminales regionales, las deficiencias operacionales se han normalizado, mientras la DGAC se limita a emitir oficios sin seguimiento ni acciones correctivas. El resultado es un sistema donde los errores se repiten, los responsables no rinden cuentas y la autoridad sobrevive refugiada en la inacción.