OPINIÓN/ La urgente protección de efectivos de la PNP y FF.AA. que defienden la Constitución

(El Montonero).- El congresista Fernando Rospigliosi, presidente interino del Congreso –en su calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva– acaba de proponer un proyecto de ley que modifica el Código Penal para establecer la inimputabilidad de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los miembros de las Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, hagan uso reglamentario de sus armas u otros medio y causen lesiones o muertes en los individuos que pretenden violar la Constitución y las leyes nacionales.

Congresista Fernando Rospigliosi propone proyecto de ley que protege a las fuerzas del orden en el Perú

De esta manera los miembros de la PNP y de las Fuerzas Armadas que defiendan activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la PNP, de las Fuerzas Armadas y otros locales como entidades jurídicas o bienes del Estado o de privados; que defiendan la vida propia o de terceros y, que, en circunstancias especiales, hagan uso legítimo de la fuerza pública, conferido por la Carta Política y las leyes nacionales, estarán exentos de cualquier responsabilidad penal.

El congresista Rospigliosi está planteando un debate nacional que atravesará a toda la sociedad, que apunta a desmontar directamente a uno de los mayores triunfos ideológicos de las corrientes progresistas y de las izquierdas en todas sus versiones: el famoso muñeco del uso proporcional de la fuerza pública. Cuando se echa mano de este argumento –que, incluso, está legitimado por el sistema interamericano de justicia– se suele entender que un policía que es atacado por un vándalo que utiliza un ladrillo para reventarle la cabeza, entonces, está obligado a utilizar un escudo, un ladrillo u otra cosa parecida.

En realidad, el concepto ideológico del uso proporcional de la fuerza pública es un cajón de sastre en el que caben todas las interpretaciones, sobre todo de los fiscales y magistrados ideologizados del Perú. Es un concepto que alguien podía considerar cuando se combatía a las dictaduras latinoamericanas de los sesenta, los setenta y los ochenta; pero que nada tiene que ver con los grandes debates republicanos o los sistemas de Estado de derecho, los únicos sistemas que defienden los Derechos Humanos desde la modernidad.

En un Estado de derecho no puede existir un uso proporcional de la fuerza cuando una fuerza insurgente, una milicia civil, desata la violencia contra activos y bienes del Estado o del sector privado, o cuando una vanguardia intenta asesinar a policías a ladrillazos. ¿Cómo puede haber uso proporcional de la fuerza en esas circunstancias? En ese instante todas las teorías republicanas de la modernidad que hablan de la necesidad de que la democracia representativa, el sistema de división de poderes y el proceso de control del poder político desarrollen el monopolio de la violencia se alinean y convergen. De allí que la propuesta del congresista Rospigliosi demande el más amplio respaldo de todos los peruanos de buena voluntad, de todos los sectores que pretenden construir un Perú viable.

En la marcha del 15 de octubre todos los peruanos contemplamos absortos cómo alrededor de 200 vándalos pretendían asesinar a policías con ladrillos lanzados a la cabeza y cómo se pretendía quemar vivos a los efectivos del orden con gasolina. Durante el golpe fallido de Pedro Castillo, igualmente, todos los ciudadanos observamos abismados cómo vanguardias pretendían quemar los aeropuertos del sur y cómo se bloqueaban las carreteras para destruir la economía y quebrar la moral de la sociedad con el objeto de instalar una asamblea constituyente. Si las fuerzas de seguridad no hubiesen defendido los activos nacionales hoy sería difícil escribir este editorial porque estaríamos encaminados hacia un Estado bolivariano.

A pesar de todas esas verdades, alrededor de 200 policías y miembros de las Fuerzas Armadas hoy están judicializados y perseguidos, incluso algunos con prisión preventiva, por haber defendido la Constitución y las leyes nacionales. En esa ocasión hubo la lamentable y trágica muerte de 60 peruanos; sin embargo, los únicos responsables de esas tragedias son los promotores de la violencia y las milicias que atacaron a mansalva a las fuerzas de seguridad con el fin de destruir los aeropuertos del sur.

¡Todos los peruanos de buena voluntad a respaldar la propuesta de Rospigliosi!