OPINIÓN/ Las oenegés ante la ola criminal que amenaza la seguridad nacional

(El Montonero).- Ahora que comienza a construirse un consenso sobre la necesidad de coordinar la acción de las Fuerzas Armadas (FF.AA) con las de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Ministerio Público y del Poder Judicial, con el objeto de enfrentar la ola criminal que ha fracturado el monopolio de las armas del Estado y que arrincona al Estado de derecho y amenaza la seguridad nacional, es legítimo preguntarse si la acción de las oenegés tiene algo que ver la desorganización nacional en el tema.

Análisis de las estrategias en contra de las fuerzas de seguridad

Por ejemplo, la brutal judicialización de la política, que ha convertido a los partidos políticos no comunistas en virtuales “organizaciones criminales”, ¿acaso no tiene que ver con que, en realidad, se ha perdido el verdadero concepto de organización criminal que se debe desarrollar en una sociedad con Estado de derecho? Las decenas de judicializaciones de oficiales militares y oficiales de la PNP que encabezaron la defensa del Estado de derecho frente a la insurrección luego del golpe fallido de Pedro Castillo, ¿acaso no destruye la moral de nuestros soldados y nuestros policías ahora encargados de enfrentar la amenaza a la seguridad nacional que desata el crimen organizado internacional? Igualmente, cuando algunos fiscales –varios de ellos extremadamente ideologizados– persiguen a nuestros policías por haber enfrentado a los pistoleros del crimen organizado por el “uso desproporcionado de la fuerza”, ¿acaso no están contribuyendo a mermar las posibilidades del Estado de derecho en enfrentar al crimen organizado?

Es evidente que, en esta situación, al margen de los yerros y despropósitos que acumula el Ejecutivo, hay una estrategia que ha erosionado el papel de las fuerzas de seguridad en la defensa del Estado de derecho, en la preservación de la ley y el orden, bajo el argumento de la supuesta defensa de los Derechos Humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos que han levantado diversas oenegés de izquierda, ya sea de signo progresista, neocomunista y comunista. Las oenegés, en las últimas tres décadas, han tenido un papel decisivo en el desarrollo de ciertas políticas que han contribuido a crear este terrible escenario en que no solo hay falta de alternativas en el Gobierno, sino también una cultura anti fuerzas de seguridad que nos puede llevar a crear un Estado fallido ante el avance del crimen organizado.

De ninguna manera estamos acusando de una responsabilidad directa a las oenegés en esta situación. Pero es evidente que la estrategia de erosionar el papel de las fuerzas de seguridad en la defensa del Estado de Derecho, de una u otra manera, convierte a estas organizaciones en funcionales a la terrible situación actual que enfrenta el Perú.

Por estas razones se vuelve urgente que el Congreso tramite el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que pretende ampliar las funciones de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) en la fiscalización de los fondos que reciben las oenegés del exterior. Una urgencia que se dramatiza cuando se repara en que mantener una política de Estado de apoyo permanente a las fuerzas de seguridad en contra de la ola criminal que amenaza la seguridad nacional tiene que ver con la sobrevivencia del propio régimen democrático.

Como sucede en los Estados Unidos y el Reino Unido, y en cualquier sociedad desarrollada que preserva su seguridad nacional, se debe controlar el financiamiento externo de las oenegés y determinar si son compatibles con el ordenamiento constitucional, la defensa del Estado de derecho y el desarrollo nacional.

El Congreso, pues, tiene la palabra.