La ley MAPE está en el mapa de las urgencias nacionales, pero me temo que así será por un tiempo indeterminado.
En el contexto político menos favorable (debido a la escandalosa evasión de la justicia por parte del hermano de la presidenta Dina Boluarte, dueña apenas del 3 % de respaldo popular), el Poder Ejecutivo por fin hizo llegar al Congreso de la República el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal (denominada MAPE), cuyo núcleo apunta a desaparecer el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), pero al cual el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, califica como una norma favorable al “ordenamiento” de ese ámbito productivo básico.
La iniciativa, efectivamente, cabe mirarla en una dimensión más amplia que las consecuencias acarreadas por un registro trajinado y fomentador de la ilegalidad. La vista desdeñosa hacia la minería primaria tiene ya larga data y poco antecedente de voluntad política para entenderla. Tanto así que, por ejemplo, se mantiene en manos de los gobiernos regionales —desprovistos de herramientas, financiamiento y recurso humano capacitado— la validación de las concesiones. Prueba irrefutable de tal menosprecio.
A propósito de la reciente cita de APEC en Lima, tuve la experiencia, junto al grupo DIGAMMA —organizador de EXPOMINA 2024—, de apreciar la agenda minera pendiente desde la etapa pre-pandemia y certificar que la minería de pequeña escala formaba parte de la preocupación de las economías del Asia-Pacífico. Fue por ello que, en la Cumbre de Minería APEC de EXPOMINA, el tema fue incorporado junto a los ítems de los minerales críticos (indispensables para la transición energética), la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
Vengo manifestando en diversos medios y foros la certeza de que la ampliación del REINFO será la opción del Parlamento. Uno, por la demora en la presentación del proyecto de la ley MAPE, pese a la promesa del ministro Mucho de hacerlo dos semanas antes. El plazo de vencimiento de la primera legislatura ordinaria, 15 de diciembre, es perentorio y no es serio suponer que en 22 días (mediando la evaluación de las comisiones legislativas) todo estará oleado y sacramentado.
Dos, porque es más que conocida la subordinación de diversos parlamentarios a los intereses de la actividad minera ilegal. El gobierno les ha dado en la yema del gusto con su tardanza y la oportunidad de argumentar en pro de la extensión del REINFO.
Y tres, porque las movilizaciones de los mineros artesanales y de pequeña escala de esta semana en todo el país evidenciaron el agrupamiento de un bolsón social numeroso y con identidad propia que no es posible enfrentar con amenazas de mano dura (menos por parte de un gobierno débil y sin autoridad), aunque se probara la delgada línea que los separa del ejercicio punible.
La ley MAPE está en el mapa de las urgencias nacionales, pero me temo que así será por un tiempo indeterminado.
