OPINIÓN/ Matarani, ampliación de concesión que debe detenerse

Escribe: Pedro Morales Mansilla

La Contraloría, el Congreso y Ositrán deben actuar ya, antes de que la firma consolide un acto entreguista que el país lamentará por 30 años.

La reciente publicación (4/10) del Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC, que autoriza la Adenda N.º 5 al contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, ha provocado una legítima preocupación pública. El Ejecutivo ha decidido extender por 30 años la concesión portuaria, pese a que el contrato vigente recién vencerá en agosto de 2029, es decir, dentro de casi cuatro años. 

La medida, refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Transportes César Sandoval, favorece directamente a Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR), actual concesionaria, sin mediar licitación ni competencia alguna. Esta temprana prórroga, carente de sustento público sólido, constituiría un acto de entreguismo que compromete los intereses del país por tres décadas más.

Extensión anticipada sin justificación

No se ha explicado convincentemente por qué el Estado peruano no esperó el tiempo oportuno al vencimiento natural de la concesión para convocar un nuevo proceso abierto y competitivo, que permita evaluar mejores propuestas económicas y técnicas. Es decir, renunció a negociar en una posición ventajosa y a obtener mayores beneficios para el país, lo que convierte la “autorización” en actitud sospechosa, ¿no? 

Además, no se han difundido íntegramente -como corresponde a la necesaria transparencia-  los estudios económicos ni los anexos técnicos que sustentarían la operación. Tampoco se ha informado cómo se valorizó económicamente la extensión ni si las inversiones comprometidas (alrededor de US$ 700 millones) equivalen realmente al valor que el Estado cede en la prórroga.

Un proceso poco transparente

La publicación del texto de la Adenda y anexos, efectuada el 6 de octubre en los portales institucionales del MTC y de la Autoridad Portuaria Nacional, abrió un plazo de 15 días hábiles para recibir observaciones ciudadanas, que culmina el 24 de octubre.

Pero, no se ha garantizado un proceso participativo amplio, especialmente con comunidades locales, organizaciones sociales y actores económicos que podrían verse afectados.

Fiscalización urgente y coordinada

Ante la magnitud de la decisión de la ampliación, resulta indispensable la intervención inmediata de los órganos de control y fiscalización como:

La Contraloría General de la República que, debe aplicar su control concurrente, emitiendo un informe de alerta sobre el riesgo económico, legal y patrimonial que implica esta ampliación anticipada; El Congreso de la República, a través de las comisiones de Transportes y de Fiscalización, debe citar a los responsables políticos y técnicos y evaluar la legalidad y conveniencia del acuerdo antes de que se firme definitivamente la adenda. El MEF, cuya nueva titular ha pasado por PROINVRESIÓN; Ositrán, como regulador del sistema portuario que, tiene el deber de revisar con rigor técnico las condiciones económicas y contractuales, y pronunciarse públicamente sobre si la ampliación respeta el equilibrio económico financiero del contrato original y la normativa de competencia.

Una decisión aún reversible

La firma definitiva de la Adenda N.º 5 aún no se ha producido. Estamos, por tanto, en un momento clave. Existen mecanismos legales, institucionales y políticos para frenar o revisar esta decisión: observaciones ciudadanas, control concurrente, investigaciones congresales y, de ser necesario, acciones judiciales.

La concesión de Matarani es estratégica para el sur del país y para el comercio exterior peruano. Comprometerla anticipadamente, sin competencia ni transparencia, equivale a pretender hipotecar soberanía económica. 

La ciudadanía y las instituciones de control no pueden permanecer pasivas.

La Contraloría, el Congreso y Ositrán deben actuar ya, antes de que la firma consolide un acto entreguista que el país lamentará por 30 años.

Lima, 15 de octubre del 2025