OPINIÓN/ Mensaje a la presidenta Dina Boluarte

Escribe: Luis Gonzales Posada.

La presidenta Boluarte debe tomar una decisión de la mayor trascendencia para su propio gobierno y para el país, cuando restan catorce meses para concluir su mandato constitucional.

 

Una decisión que, sin ninguna duda, contará con el firme respaldo nacional, incluyendo a sus más enconados adversarios: poner en marcha el proyecto de edificación de una nueva sede para el Archivo General de la Nación.

 Durante un largo periodo, que comprende los gobiernos de los mandatarios Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, advertimos en varios artículos publicados en el diario Expreso y en el portal del Montonero sobre la grave situación del Archivo de la Nación, institución creada el 15 de mayo de 1861 durante el gobierno del presidente Ramón Castilla, entidad que inicialmente funcionaba en el Convento de San Agustín, en el centro de Lima y luego en la Biblioteca Nacional, hasta que en 1940 fue trasladado a su actual local, completamente inapropiado para resguardar 150 millones de documentos históricos y administrativos, que equivalen a 29 mil metros lineales o 28 kilómetros de extensión.

En ese espacio reducido –con escasa ventilación, abundantes ácaros, cargado de hongos que destruyen o dañan valiosos legados y carente de un ambiente adecuado para el trabajo de los investigadores– se conservan colecciones que van desde el siglo XVI hasta el XIX.

Entre otros, se encuentran escrituras de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, del Inca Garcilaso de la Vega, de San Martín de Porras y el testamento de Pedro Manuel, conocido como “El Griego”, del año 1613, que demostró que el pisco es oriundo del Perú.

Este pequeño y húmedo local también resguarda otras joyas valiosas, como Reales Cédulas, Provisiones y Bandos de los Virreyes del periodo comprendido entre 1558 y 1824; documentos de la Real Audiencia de Lima, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, de la Compañía de Jesús y árboles genealógicos, así como registros de tierras y comunidades.

Además, en el archivo republicano están escritos con las firmas de San Martín, Bolívar, Ramón Castilla, Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres y otros ilustres compatriotas.

Su importancia para los altos intereses del Estado quedó evidenciada hace algunos años, durante el litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando el Archivo de la Nación facilitó a nuestra Cancillería la Resolución Legislativa 12305 de 1955, que aprobó los acuerdos suscritos con Chile y Ecuador en la Primera Conferencia sobre la Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur.

Ante ello, demandamos la urgente construcción de una nueva sede, con amplios y climatizados ambientes, cuyo costo se estima en 400 millones de soles y que estaría concluido en tres años, según los experto.

Pero no se ha hecho nada y el Archivo todavía se encuentra en el sótano del Palacio de Justicia, el costado de la carceleta, espacio que hace difícil el acceso a los repositorios, con humedad en las paredes, limitada ventilación, espacios hacinados y carencia de iluminación y seguridad.

Ese local, en efecto, ha sido objeto del robo de valiosos escritos, de un incendio y una inundación ocurrida el 2020.

En su momento, el entonces legislador Víctor Andrés García Belaunde denunció que visitando el Centro Comercial Amazonas encontró papeles firmados por los ex presidentes Cáceres y Echenique, de la Cofradía de Lima de los siglos XVII y XIX y una cédula de montepío a favor de María Llerena, viuda del primer contramaestre del histórico monitor Huáscar.

Más aún, en abril de este año el Gobierno recibió 78 bienes documentales que se encontraban ilegalmente en el extranjero, entre ellos tres folios del Protocolo Notarial Número 7 del escribano Julián Bravo, fechado en 1599, incautado por la FBI, el Libro de Actas del Ilustre Cabildo de Guamanga, que abarca los periodos de marzo del 1808 a agosto del 1810 y otros veintidós más proveniente de Norteamérica, Argentina y Alemania.

Ahora, por resolución del 29 Juzgado Civil de la Corte de Justicia de Lima, del 30 de octubre del 2024, la maltratada institución deberá trasladar el valioso material que resguarda a un ambiente provisional y precario ubicado en el Callao.

Ante ello, es tiempo que el Ministerio de Cultura y la Comisión de Cultura del Congreso de la República sumen esfuerzos para evitar un desastre para el país.