José María Balcázar, parlamentario de Perú Libre, partido del golpista Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, es el nuevo presidente constitucional de la República gracias al apoyo de 64 colegas.
Su agrupación tiene 11 escaños y quienes lo respaldaron, por afinidad o interés político, cuando no por irresponsabilidad, serían Podemos (Luna Gálvez), 12 legisladores; Alianza para el Progreso (César Acuña), 17; Bancada Socialista, 5; Bloque Democrático, 5; Honor y Democracia, 5; y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, 11.
Sumados hacen 61. Algunos ahora niegan haber dado su apoyo y nadie sabe de dónde provinieron los otros 4 sufragios.
La reserva en la votación sobre temas trascendentales para la nación, como elegir presidente del Congreso para que luego asuma la jefatura del Estado, no puede ser secreta, con boletas depositadas ocultamente en las ánforas del hemiciclo, sino a través del tablero electrónico, para así identificar el voto de cada legislador; y, además, quien gane no puede hacerlo por mayoría simple, como ha sucedido, sino mediante mayoría calificada de 87 votos, el mismo número requerido para la vacancia presidencial, y previa lectura del currículo del postulante.
De haberse seguido ese procedimiento, el país hubiera conocido con anticipación que Balcázar es un abogado cajamarquino que se desempeñó como vocal de la Corte Superior de Justicia y vocal provisional de la Corte Suprema.
Sin embargo, fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura en 2006 por dejar sin efecto una sentencia de recurso de casación emitida en 2003, violando así el principio jurídico de cosa juzgada; y, además, resultó severamente cuestionado por utilizar ilícitamente dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque cuando se desempeñaba como decano de esa institución, apropiación calculada en casi 1 millón 500 mil soles, por lo cual fue cesado y tiene proceso abierto en el Poder Judicial.
En esta bochornosa elección, que afecta la estabilidad y el prestigio del país, también tienen responsabilidad los partidos políticos llamados de derecha, que no tuvieron previsión ni sagacidad para ponerse de acuerdo en un candidato alternativo de calidad, como hubiera sido la doctora Gladys Echaíz, prestigiada ex fiscal de la Nación.
Ahora los legisladores se culpan unos a otros, cuando deben reconocer el grave daño que han hecho, faltando escasas seis semanas para la elección presidencial, con 34 candidatos, la mayoría completamente desconocidos.
