OPINIÓN/ ¿Palacio o tablero de juego?

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

El Palacio de Gobierno no es un inmueble más en el Centro de Lima. Es el símbolo material del poder. Allí no se administra una empresa privada ni se gestionan intereses particulares: se ejerce, en teoría, el mandato soberano de la Nación.

Sin embargo, en las últimas décadas la percepción ciudadana ha sufrido una erosión profunda. Para muchos peruanos, el Palacio dejó de representar institucionalidad y comenzó a parecer otra cosa: una oficina de negocios, un espacio de favores cruzados, un escenario donde el poder se intercambia por beneficios personales.

Cuando el lujo irrumpe sin explicación, cuando aparecen privilegios incompatibles con la sobriedad del cargo y relaciones impropias del ejercicio público, el problema deja de ser anecdótico. Se convierte en síntoma. Y el síntoma revela algo más grave: la banalización del poder.

Desde una perspectiva institucional, el daño es mayúsculo. El artículo 45 de la Constitución establece que el poder del Estado emana del pueblo y se ejerce con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. No es un cheque en blanco. No es una concesión temporal para usufructo personal. Es un mandato sujeto a control y rendición de cuentas.

Pareciera que ciertos gobernantes han tratado la Casa de Pizarro como una residencia transitoria de conveniencia: se arriba con equipaje ligero, se aprovecha la posición y se parte con las maletas llenas, dejando atrás instituciones debilitadas y un Estado erosionado. La transitoriedad del cargo no exime de la permanencia del daño. Y cuando las responsabilidades finalmente alcanzan a quienes confundieron poder con privilegio, el tránsito suele continuar hacia alojamientos bastante menos confortables.

La metáfora más cruda surge inevitablemente del imaginario popular. Como en el juego de mesa Monopolio: “Pase por GO y cobre 200”. Llegar al poder no como deber histórico, sino como oportunidad de cobro. No como servicio público, sino como turno de usufructo. No como responsabilidad, sino como premio de temporada.

Y hoy vemos algo aún más inquietante: personajes que ya ocuparon cargos públicos, cuyas gestiones dejaron desorden administrativo, ciudades deterioradas e inseguridad creciente, reaparecen ofreciendo prosperidad y promesas doradas. Prometen el oro cuando antes administraron escasez institucional. No parecen aspirar por vocación de servicio, sino por acceder a un botín más suculento.

El problema no es solo ético. Es estructural. Cuando el Palacio se convierte en casilla de juego, el Estado pierde legitimidad. Cuando el poder se utiliza como moneda de intercambio sea en contratos, favores o beneficios personales la confianza pública se resquebraja. Y cuando la confianza se rompe, no hay decreto que la restituya.

El Palacio de Gobierno no es un hotel, no es una oficina privada, no es un tablero. Es o debería ser la Casa de Gobierno.

El verdadero dilema no es quién llega al Palacio, sino con qué intención. Si se llega para servir, se construye Nación. Si se llega para cobrar, se administra decadencia.

Porque mientras algunos “pasan por GO y cobran”, es el país el que termina pagando la partida completa.