OPINIÓN/ ¿Parece que van mejorando las cosas…?

Escribe: César David Gallo Lale

toda la Junta de Fiscales Supremos, que desde octubre del año pasado instruyó a los fiscales a no acatar la ley, se encuentra ahora en falta, pues no tenía potestad para impedir su aplicación

En el mes morado del Señor de los Milagros, los peruanos nos mostramos entusiasmados por los resultados positivos de algunas acciones en favor de la democracia. Finalmente, se aprobó la Ley N.º 32419, que otorga amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa investigados o procesados por su lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

Asimismo, hemos presenciado recientemente un gran triunfo de la legalidad, ya que el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley N.º 32130, la cual devuelve la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional, tal como fue siempre y como ocurre en la mayoría de los países civilizados del mundo.

Cuando esta ley fue aprobada en octubre de 2024, la Fiscalía se negó a aplicarla de manera prevaricadora, ilegal y violando la Constitución y la propia ley. Ahora, el Tribunal Constitucional ha desestimado la impugnación presentada por la Fiscalía y ha declarado que la norma es constitucional y debe aplicarse de inmediato.

En consecuencia, toda la Junta de Fiscales Supremos, que desde octubre del año pasado instruyó a los fiscales a no acatar la ley, se encuentra ahora en falta, pues no tenía potestad para impedir su aplicación. Por el contrario, debía cumplirla mientras estaba vigente. Por supuesto, corresponderá ahora al Congreso imponer las sanciones pertinentes.

De igual forma, el Tribunal Constitucional concedió la indulgencia penal y anuló el proceso contra Keiko Fujimori y todos los involucrados en el caso “Cocteles” —relacionado con aportes de campaña—, dando por cerrado un largo proceso judicial. Se especula que Keiko Fujimori no presentará denuncias contra los fiscales; sin embargo, el partido Fuerza Popular sí lo hará, tras confirmarse el abuso cometido por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes acusaron de lavado de activos y de pertenecer a una organización criminal a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular y a más de 40 personas inocentes por hechos que no constituían delito. Entre los involucrados en este abuso judicial se encuentran José Chlimper, Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva, Augusto Bedoya y Jorge Yoshiyama, entre otros.

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) devolvió la sentencia de reposición al titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, juez Fidel Torres Tasso, por presentar razonamientos jurídicos incompletos (66 % no sustentados) en el caso de la fiscal suprema Delia Espinoza, según fuentes judiciales, la (JNJ) resolvió que Delia Espinoza “No” retornará como Fiscal de la Nación.

De igual modo, el Congreso dio Voto de Confianza y respaldó al gabinete ministerial recientemente nombrado y a su Presidente Ernesto Álvarez. Asimismo, se otorgó un apoyo incondicional al presidente, autorizando las marchas de protesta pacíficas y expresando respaldo total a la Policía Nacional por su esforzada labor en el cumplimiento de sus funciones.

Es evidente que el paro de transportistas y las marchas de protesta realizadas por la llamada generación «Z» o «de cristal», promovidas por grupos comunistas y “caviares” que aprovechan la indignación popular ante el desborde de la inseguridad, son utilizadas por el hampa política roja para fomentar, a través de infiltrados, actos de violencia con el fin de desestabilizar al gobierno, aun a costa de muertos y heridos.

Debe actuarse con firmeza, conforme a la nueva ley emitida por el Tribunal Constitucional para combatir la criminalidad en general, imponiendo el castigo correspondiente a quienes recurran a la violencia con armas de fuego u otros medios; a quienes usen máscaras para ocultar su identidad durante las protestas; y a quienes destruyan propiedades públicas o privadas, obstruyan vías y el libre tránsito en ciudades o carreteras, o provoquen desmanes y destrucción.

La nueva estrategia y táctica para enfrentar el crimen deben sorprender a los involucrados en protestas y huelgas violentas, mediante una acción coordinada, contundente, rápida y precisa entre las fiscalías y la Policía Nacional, ahora respaldadas por la reciente decisión del Tribunal Constitucional.

El presidente José Jerí y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, declararon el Estado de Emergencia en el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao por 30 días calendario, con el propósito de pasar a la ofensiva en la lucha contra la criminalidad y la violencia, aplicando las leyes recientemente aprobadas. ¡Esperemos los efectos deseados por todos los peruanos!

¡ESTAMOS ADVERTIDOS!

¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS EN EL PERÚ!