OPINIÓN/ Pataz como grave problema nacional

(El Montonero).- El nuevo ataque de la minería ilegal y el crimen organizado en contra de Minera Poderosa –en la provincia de Pataz, en la región La Libertad–, que destruyó una torre de alta tensión y una línea de transmisión de energía, no obstante que continúa el Estado de emergencia con la presencia de 200 efectivos del Ejército y de la policía nacional del Perú, es una notificación general del fracaso en contener la minería ilegal. Quince torres de alta tensión derribadas y 18 trabajadores muertos son cifras aterradoras. La continuidad del Estado de emergencia compromete en el fracaso de restablecer el Estado de derecho en Pataz al gobierno central, al Gobierno Regional, a las instituciones del sistema de justicia, a las fuerzas armadas y a la PNP.

El Estado de derecho en interrogante ante avance de minería ilegal

En otras palabras, la minería ilegal y el crimen organizado avanzan a pesar de que el Estado se ha movilizado a través de todas sus instituciones y de todas sus fuerzas de seguridad para contener el fenómeno delictivo. ¿Qué puede significar semejante hecho? Que la minería ilegal moviliza tal cantidad de recursos que podría estar corrompiendo todo el sistema estatal mientras van estableciendo nexos con el crimen organizado. Semejante tesis no parece tan descabellada si consideramos que la onza de oro ha sobrepasado los US$ 2,000 y que se exportan más de US$ 5,000 millones en oro ilegal.

Si consideramos estas cantidades de exportaciones ilegales tampoco es exagerado sostener que la minería ilegal se ha convertido, incluso, en una amenaza más letal para el Estado de derecho que el propio narcotráfico. En el 2024, en Pataz, se calcula que más de 12,000 volquetes transportaron el mineral ilegal robado de las concesiones de las empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleos formales.

Agreguemos a este estado de cosas la tendencia en el precio de la libra del cobre que sobrepasa los US$ 4 y el hecho de que en el corredor vial del sur, el área en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional, igualmente, se registran entre 100 y 150 volquetes que transportan mineral robado de las concesiones formales. Y si a estas situaciones le sumamos el avance de la minería ilegal en Madre Dios y otras regiones, es evidente que esta economía ilegal se ha convertido en la principal amenaza para el Estado de derecho.

¿Qué puede suceder si el gobierno de Dina Boluarte no toma decisiones inmediatas en Pataz y asume los costos sociales y políticos de estas medidas?  Es evidente que el crimen organizado del planeta comenzará a observar a la minería ilegal en el Perú como una oportunidad de negocios –tal como ha sucedido en estados africanos y asiáticos– y comenzará a enviar avanzadas hacia el Perú.

Si esta tendencia se presenta es evidente que los principales cárteles de la droga se propondrán tomar el control directo de las operaciones de minería ilegal, desplazando a los actuales pequeños mineros ilegales que consideran que pueden prosperar al margen del Estado de derecho.

Si se presenta una situación de este tipo, entonces todos estaremos notificados que el Estado peruano enfrentará la disyuntiva de enfrentar una guerra abierta y frontal para salvar el Estado de derecho o convertirse en un Estado fallido.

Sin embargo, estas evaluaciones apocalípticas se pueden desterrar si hoy el gobierno de Dina Boluarte decide actuar en Pataz.