OPINIÓN/ PELIGROSO DESMADRE

Por Antero Flores-Araoz

 

Me induce a publicar estas reflexiones, el hecho de que todavía no culminan los conflictos existentes entre altísimos poderes del Estado y otras diversas instituciones públicas.

En el Congreso de la República se presentan, sin ton ni son, denuncias contra la presidenta de la Nación con la finalidad de sancionarla con la vacancia del cargo. La presidenta a su vez, probablemente para congraciarse con el Parlamento, acepta sin remilgos ni observaciones leyes probadamente populistas, así como muchas inconstitucionales al no tener los congresistas iniciativa de gasto, pese a lo cual no solo presentan los proyectos en cuestión, sino que los aprueban.

El Ministerio Público no acata las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, la que tiene por función el nombramiento, ratificación y remoción de magistrados judiciales y fiscales. La JNJ denuncia a miembros del Ministerio Público ante el Poder Judicial y este último admite también las denuncias de diversas fiscalías.

El Defensor del Pueblo mete su cuchara y así podríamos seguir relatando la peligrosa y execrable situación en que vivimos.

El ejemplo que las autoridades dan a la ciudadanía y población en general, con sus reyertas, acusaciones que van y vienen, intolerancias y hasta calificativos peyorativos, conducen al caos y por supuesto dan motivo a cierta prensa amarilla que le gusta los escándalos para que ellos sean noticia.

El incumplimiento de las leyes y en general de la normatividad legal, en que parecen ufanarse ciertas autoridades, no solo las desprestigian y deslegitiman sino que son pésimo ejemplo para los ciudadanos obligados a cumplir con la Ley, que piensan con cierta razonabilidad que, si las autoridades que aprueban y promulgan las leyes y otras normas del Estado, no las cumplen, no hay motivo para que el ciudadano común y corriente lo haga.

La normatividad constitucional es clarísima y ella ordena la obligatoriedad y el cumplimiento de la ley (art. 109), la prerrogativa presidencial de cumplir y hacer cumplir la ley y demás disposiciones legales (art. 118), la facultad del Ministerio Publico de defensa de la legalidad (inc. 1 del art. 159), el deber del Defensor del Pueblo de supervisar el cumplimiento de la ley por la administración estatal (art.162), entre otros.

Recordemos la reacción de nuestros compatriotas en el 2021 que, frente a la mala actuación de nuestros parlamentarios y gobernantes, la sucesión presidencial en promedio de un presidente por año, el, procesamiento judicial a presidentes, ministros y altísimos funcionarios, dio como resultado la expresión generalizada de “que se vayan todos” así como la elección de Pedro Castillo como Presidente de la República, sin tener ningún pergamino ni calificaciones para ello y en clara amonestación a la Sociedad.

Por eso insistimos en que nuestras autoridades nacionales deben resolver de una vez por todas sus diferendos. Es peligrosísimo mantener la situación como estamos, en que si estuviésemos en décadas ya superadas, la gente clamaría por golpe de Estado, pero hoy quienes podrían hacerlo saben que tarde o temprano acabarían en la cárcel. Hoy la reacción es ¡Fuera todos! y ¡Basta ya! Que podría el próximo año materializarse en otro Pedro Castillo con el agravante de varios expresidentes encarcelados y quizás otros por hacerles compañía. ¡Desmadre total!