OPINIÓN/ Perú al Borde del Abismo
Escribe: César David Gallo Lale

Teniente General FAP
“Nueve presidentes desde 2016 y el décimo antes de agosto de 2026”
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Perú no deja de girar en el carrusel de presidentes. Desde febrero de 2016, cuando Ollanta Humala, hoy preso, aún gobernaba con una ilusión de estabilidad, el país ha visto pasar nueve jefes de Estado en menos de una década. Ninguno ha logrado completar un mandato sin sobresaltos. Y ahora el conteo se acelera.
Antes de agosto de 2026, con las elecciones de abril a la vuelta de la esquina y el Congreso en plena ebullición, sin contar que el Jurado Nacional de Elecciones permite más de 36 candidaturas a la presidencia, entre ellas la de un condenado y prófugo de la justicia, el escenario político se torna aún más incierto.
Esta no es solo una crisis política: es el síntoma de un sistema corroído hasta la médula, donde el narcotráfico, la minería ilegal, la pesca y la tala ilícitas no solo sobreviven, sino que se preparan para devorar las instituciones y convertir al Perú en un narcoestado corrupto.
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El carrusel infernal: “Nueve presidentes en diez años”
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Al respecto:
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Ollanta Humala (hasta julio de 2016): El último que “terminó” su período, aunque bajo sombras de corrupción.
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Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció en medio de escándalos.
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Martín Vizcarra (2018-2020): Vacado por el Congreso.
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Manuel Merino (noviembre de 2020): Cinco días en el poder; renunció tras masivas protestas.
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Francisco Sagasti (2020-2021): Gobierno de transición.
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Pedro Castillo (2021-2022): Intento de autogolpe y posterior vacancia.
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Dina Boluarte (2022-2025): Destituida por incapacidad moral.
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José Jerí (octubre de 2025 – 17 de febrero de 2026): El más joven, con 39 años. Asumió por sucesión constitucional, pero dejó el cargo en medio de denuncias por reuniones secretas con empresarios chinos, presunta influencia indebida y escándalos vinculados a contrataciones irregulares. Nos preguntamos ¿Se cumplió con lo que establece la Constitución del Peru? Creemos que ¡No!
Nueve presidentes en diez años: un promedio de menos de 15 meses por mandato. Eligiendo interinos hasta las elecciones de abril, el nuevo Congreso, fragmentado, como siempre, ha impuesto a otro presidente José María Balcázar del Partido Comunista Perú Libre, antes de la juramentación del que saldrá elegido en las próximas elecciones. Los rojos y caviares están felices con este nuevo presidente prontuariado. Nos preguntamos entonces ¿Quiénes defienden el cumplimiento de la Constitución? ¿No son las Fuerzas Armadas?
“Perú, se ha convertido en un país que procrea y aborta presidentes cada 15 meses”: ese es el título que nos hemos forjado. Triste, penoso, sin valor ni fuerza.
¿Qué está podrido en la política peruana?
La raíz del problema no son solo personalidades fallidas o un Congreso hiperactivo en vacancias. Es un sistema capturado por intereses oscuros. Más del 50% de los congresistas están investigados por corrupción. El Poder Judicial y la Fiscalía, lentos y permeables, procesan, o dejan de procesar, según intereses ideológicos y económicos (coimas y extorsiones). Su descrédito es profundo, y también están atravesados por redes de corrupción nacionales e internacionales.
Esta podredumbre no es abstracta; es económica y territorial. El Perú genera miles de millones en economías ilícitas que financian campañas, compran votos, blindan legisladores y presionan a la justicia. Según Proética, (entidad no gubernamental creada el 2002 cuyo fin es exclusivamente promover la ética y luchar contra la corrupción), el 94% de peruanos vincula la corrupción directamente con la minería ilegal, la tala, el narcotráfico y el tráfico de tierras. Encuestas como la de Datum muestran que el 73,8% percibe una influencia negativa de la minería ilegal en el Congreso. ¡Ahí están metidos rojos y caviares!
No es paranoia; es tendencia. Organizaciones como Human Rights Watch (que defiende los derechos humanos), han denunciado que el Congreso legisla en favor de la impunidad.
Ejemplos concretos
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Minería ilegal: Supera al narcotráfico en lavado de dinero (US$ 6.300 millones). El Congreso ha extendido reiteradamente el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), permitiendo que máquinas extranjeras arrasen la Amazonía.
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Narcotráfico: En el VRAEM y la triple frontera (Perú–Brasil–Colombia), los cárteles diversifican sus actividades entre oro y coca.
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Tala ilegal: Mueve alrededor de US$ 880 millones anuales.
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Pesca ilegal: Genera cerca de US$ 300 millones. Flotas extranjeras depredan el mar, mientras madereros talan reservas indígenas. Ambas actividades lavan dinero a través de exportaciones aparentemente “legales” que cuentan con el apoyo de autoridades locales.
