Que el Congreso no haya reunido los votos para inhabilitar a Betssy Chávez es una demostración de fuerza de las economías criminales
Mi padre me enseñó muchos dichos. Uno de ellos recitaba que “por la plata baila el perro; por el oro, dueño y todo”. Luego vino Wilfrido Vargas y, a ritmo de merengue, cambió al perro por el mono y suprimió la segunda parte.
Era el año 2000 cuando el congresista Gerardo Saavedra de Perú Posible, juró a su cargo con la creativa fórmula “¡Por Dios y por la plata!”. Fue sin duda un gazapo, pero la frase quedó instalada en el imaginario popular como la mayor prueba del irrefutable cinismo de la clase política peruana.
Bueno pues, estamos ante lo mismo: el enriquecimiento parece el principal motivo de la participación política.
¿Quién financiará mi campaña electoral? Esa parece ser la pregunta medular. Y la respuesta parece también obvia en la mayoría de los casos: la economía criminal.
Pide y te será concedido. Sólo tienes que vender tu alma al diablo. Mañana cobrará sus aportes de hoy.
El mismo Congreso que hace un año, y hasta hace unas semanas, decía que el 31 de diciembre de 2025 era un plazo improrrogable para la formalización minera (y para separar la paja del trigo) ahora abre las puertas a la minería ilegal. ¿Hay una explicación para esto? Por supuesto: “por la plata baila el perro; por el oro, dueño y todo”.
¿Recuerdan quiénes dieron el soporte logístico a las asonadas post golpe del 7 de diciembre de 2022? ¿Quiénes financiaron los buses, camiones y vehículos 4×4 que marcharon hacia Lima? ¿Quiénes bancaron las carpas uniformes y las loncheras de los manifestantes? Fueron los mineros ilegales (ya el narcotráfico perdió el primer puesto). Quienes crean que fue el pueblo organizado, mediante colectas y aportes voluntarios son tan ingenuos, tan necios o tan cómplices como quienes sostenían que las campañas millonarias de Fuerza Popular se financiaban a punta de cocteles o que las campañas multimillonarias de Susana Villarán resultaban del esforzado trabajo de la ONG Amigos de Lima Metropolitana.
El problema de las economías ilegales es que desatan la delincuencia a niveles nunca antes vistos. El problema de las economías criminales insertas en el escenario político formal es que pretenden gobernarnos de acuerdo a sus intereses y a sus prácticas. Y eso es inaceptable.
Que el Congreso no haya reunido los votos para inhabilitar a Betssy Chávez es una demostración de fuerza de las economías criminales. Ya se pidió la reconsideración porque tanta vergüenza es un escándalo total.
Igual ya se oye voces que nos recuerdan que falta la votación del Pleno para consumar la extensión del REINFO hasta 2027. Inhabilitar a Betssy será más fácil que impedir la prolongación de la ilegalidad.
Quizá la dama que recibía a Castillo a media noche en pijama resulte siendo solamente un chivo expiatorio para tragarse el sapo del REINFO por dos años más.
Menos mal que el Ejecutivo ya anunció que observará la ley en caso llegue a ser aprobada.