OPINIÓN/ ¿Por qué avanzó tanto la minería ilegal en el Perú?

(El Montonero).- El 2024 debe considerarse como el año del avance de la minería ilegal en el Perú y el surgimiento de una economía ilegal con enormes repercusiones económicas y sociales. La minería ilegal irrumpió en la sociedad como una fuerza capaz de influir en los municipios, las regiones, el Ejecutivo y el propio Legislativo. Por ejemplo, el Congreso amplió los plazos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, manteniendo todos los yerros que permitirán que los sectores ilegales utilicen este registro para beneficiarse de exoneraciones penales, por ejemplo. En otras palabras, el Legislativo no se atrevió a establecer una línea demarcatoria entre quienes deben considerarse como pequeños mineros informales y quienes desarrollan minería ilegal. 

Una interrogante clave para el desarrollo del país

Un grave y devastador problema que explica el avance de la minería ilegal. La formalización minera que se desarrolla a través del sistema de Reinfo ya acumula 22 años de fracasos y, pese a todo, se amplían los plazos. De un total de 87,082 inscritos apenas 11,101 han logrado formalizarse en este registro. Sin embargo, los que están en proceso de formalizarse están exonerados de la figura de minería ilegal pese a que desarrollan la ilegal actividad.

Para simplificar las cosas se debería señalar que la minería ilegal se desarrolla en concesiones otorgadas a las empresas formales que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal. Igualmente, la minería ilegal se desarrolla en reservas y parques naturales. Una línea demarcatoria de este tipo no ha sido establecida por el Legislativo. En otras palabras, la minería ilegal hace volar por los aires todo el sistema de derechos de propiedad consagrados en la Constitución y las leyes. De allí su vinculación con los proyectos antisistema.

El 2024 la minería ilegal saltó a la opinión pública porque, a pesar del Estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad), ni el gobierno central, ni el gobierno regional, ni las fuerzas armadas, ni la policía, ni las entidades del sistema de justicia nacional fueron capaces de contener a las actividades ilegales. El saldo del delito en Pataz es terrible: 10 trabajadores de las minas muertos, 24 heridos, 15 torres de alta tensión derribadas y alrededor de 12,000 volquetes que transportaron el mineral ilegal durante el año. En el corredor vial del sur, en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional, igualmente, se registran entre 100 y 150 volquetes diarios que transportan el mineral ilegal superando la producción de las empresas más grandes del área.

¿Cómo explicar esta terrible situación que amenaza la viabilidad del Perú como potencia mundial en minería moderna? Es incuestionable que el fracaso de la formalización minera y la imposibilidad de establecer un sector formal compuesto de grandes, medianas y pequeñas empresas de minería es una de las causas principales. Sin embargo, al lado del fracaso de la formalización, está la erosión y el debilitamiento en el Estado de derecho que ha causado la guerra política en el país que terminó encumbrado a Pedro Castillo en el poder.

En el país la crisis política ha debilitado en extremo el Estado de derecho y la autoridad de las instituciones, hoy muy fáciles de neutralizar a través de la violencia y la corrupción. El fracaso de casi todas las instituciones en contener a la minería ilegal en Pataz y la impunidad de los pistoleros que desatan la violencia son los hechos que grafican y confirman esta situación.

En este contexto, el inicio de la campaña electoral en este año debe tener como uno de sus temas centrales la discusión de alternativas sobre cómo enfrentar la minería ilegal. De lo contrario, todos estaremos renunciando a convertir al Perú en una potencia mundial que, gracias a sus recursos naturales, logre abreviar su camino al desarrollo, tal como lo hacen Canadá, Australia, Chile y otros países.