OPINIÓN/ ¿Por qué la resistencia de las oenegés a ser fiscalizadas? ¡No se entiende!

(El Montonero).- La decisión en el Congreso de poner en debate el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores que amplía las funciones de control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para controlar y fiscalizar los fondos que reciben las oenegés del exterior ha desatado, una vez más, una extraña reacción en estas asociaciones civiles. Incluso se conoce de algunas gestiones diplomáticas de otros países para que los congresistas no discutan el mencionado dictamen.

Debate crucial para el futuro de la democracia y las políticas públicas

El asunto se vuelve extremadamente complicado cuando se repara en el enorme protagonismo que han tenido las oenegés en las políticas públicas en las últimas tres décadas, ya sea en la evolución del sistema político –a través del informe de la Comisión de la Verdad que dividió al Perú entre buenos y malos– o mediante las narrativas y relatos en contra de la minería, las agroexportaciones, la industria pesquera o de cualquier actividad vinculada a inversiones y el capitalismo nacional.

Ni qué decir de las llamadas “políticas de género” que han colonizado diversas dependencias del Estado, sobre todo en el Ministerio de Educación y la escuela pública. No es exagerado sostener, entonces, que la influencia y el protagonismo de las oenegés en las políticas públicas, de una u otra manera, han ensombrecido la propia soberanía popular y a los partidos políticos que ganan y pierden elecciones.

En este contexto, ¿puede cualquier sociedad democrática renunciar a fiscalizar a las oenegés? De ninguna manera. Si consideramos la enorme expansión que tienen las economías ilegales en la política nacional, ¿qué significa la renuncia a fiscalizar a las oenegés? Si consideramos las guerras comerciales que desatan los competidores mundiales directos del Perú en cobre, en agroexportaciones y pesca, por ejemplo, ¿acaso renunciar a fiscalizar a las oenegés no significa renunciar a la soberanía nacional y al Estado de derecho?

Los pronunciamientos de las oenegés que se oponen a que el Congreso sancione el dictamen de la comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo, argumentando que se atenta contra la participación ciudadana y la sociedad civil, no resisten el menor análisis. Se trata de puro fuego de artificios.

La sociedad civil, la economía, los intereses sociales y los ciudadanos participan en la vida pública en democracia, principalmente, a través de los partidos políticos, porque son las entidades que presentan programas electorales de gobierno y ganan o pierden elecciones. Incluso los partidos políticos desaparecen cuando la votación es extremadamente adversa. Bueno, los partidos políticos están extremadamente fiscalizados por los electores, y sobrerregulados y controlados por la legislación progresista aprobada en los últimos años. Las restricciones al financiamiento privado incluso se asemejan a las de un Estado colectivista antes que a las de una sociedad democrática.

Si los progresistas alentaron esta sobrerregulación que ha destruido el sistema político y fomenta el financiamiento de las economías ilegales, ¿en nombre de qué principio el Estado democrático puede renunciar a fiscalizar y controlar los recursos externos de las oenegés?

Ningún estado democrático puede renunciar a este control. De las 16 delegaciones diplomáticas que se pronunciaron, unos meses atrás, en contra de que el Congreso legisle sobre el tema, la mayoría corresponden a países que tienen legislaciones que fiscalizan y controlan a las oenegés, incluso con penas muy severas, inimaginables en el contexto nacional. Igualmente, países como Argentina y Paraguay acaban de aprobar legislaciones en ese sentido.

¿Cómo entonces entender tanta resistencia a un proceso que todos deberían apoyar por el bien del país? Es evidente que estamos, pues, ante una reacción de las corrientes progresistas y neomarxistas, que en las últimas décadas, a través de oenegés, han organizado las principales políticas públicas, creando un sistema de gobierno que, como se dice, bypasea a la soberanía popular, a los poderes democráticamente elegidos. En otras palabras, algunos pretenden mantener la estrategia antidemocrática con la que un sector del país se propone gobernar sin formar partidos políticos ni ganar elecciones.