OPINIÓN/ ¿Por qué tenemos el récord mundial de presidentes corruptos?
Escribe: Francisco Diez Canseco
Solo recuperando la moral pública podremos romper este ciclo y evitar que el próximo presidente repita la tragedia de los últimos cuarenta años.
Durante los últimos cuarenta años, el Perú ha acumulado un récord mundial vergonzoso: prácticamente todos sus presidentes elegidos desde 1985 —con la única excepción discutible de uno— han terminado investigados, procesados, encarcelados o fugados por corrupción. No se trata de una simple coincidencia histórica, sino del resultado directo de un sistema político institucionalmente diseñado para producir impunidad, incentivos perversos y redes de captura del Estado.
La primera explicación es estructural. El Perú construyó desde los años ochenta un Estado débil, fragmentado y penetrado por intereses privados, donde la autoridad política se renovaba sin estabilidad institucional ni controles efectivos. Cada gobierno, al llegar al poder, encontraba un aparato público vulnerable para ser utilizado como botín político: ministerios, programas sociales, obras públicas y adquisiciones convertidos en fuentes inmediatas de financiamiento ilegal. La impunidad estaba prácticamente garantizada.
La segunda razón es cultural y política. La transición democrática posterior a 2000, en vez de consolidar un sistema de partidos, normalizó el “partidismo de alquiler”: agrupaciones improvisadas, sin doctrina, sin militantes y sin controles internos, creadas para captar candidatos presidenciales con financistas ocultos. Esos partidos huecos transformaron el acceso al poder en una operación privada antes que en un mandato público. Y cuando un presidente nace de una estructura corrupta, su gobierno tiende a reproducir esa misma lógica.
El tercer factor es la captura institucional. La Fiscalía, el Poder Judicial, la Contraloría y la propia Presidencia del Consejo de Ministros han operado durante décadas sin coordinación, sin meritocracia real y sin estabilidad. Los corruptos dominaron los vacíos: redes de “asesores”, intermediarios, lobbies informales, operadores judiciales y congresistas que negociaban leyes, adendas y contratos. En ese ambiente, la tentación era permanente y el control, inexistente.
Finalmente, el Congreso —responsable de producir leyes y fiscalizar al Ejecutivo— terminó convertido en una feria de intereses, donde proliferaron las bancadas improvisadas, los grupos sin programa, los operadores de empresas y las facciones dedicadas a presionar por nombramientos, presupuestos y favores. Así, la corrupción presidencial se volvió parte de un ecosistema más grande.
Por eso el Perú ostenta este récord mundial: porque la corrupción no ha sido un accidente, sino el modo dominante de funcionamiento del sistema. La salida requiere una transformación institucional profunda. En esa línea, Perú Acción propone la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, una autoridad cívica y técnica encargada de revisar la legislación, cerrar vacíos legales, supervisar procesos sensibles y —sobre todo— encargada de botar a los corruptos de las instituciones donde hoy anidan impunemente.
Solo recuperando la moral pública podremos romper este ciclo y evitar que el próximo presidente repita la tragedia de los últimos cuarenta años.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz