OPINIÓN/ ¡Se viene lo peor!

Escribe: César David Gallo Lale

Teniente General FAP

 

Se debe actuar con contundencia conforme a las nuevas leyes para combatir la criminalidad y el sicariato, imponiendo el castigo correspondiente a quienes recurran a la violencia con armas de fuego u otros medios

Ante la situación de caos total que vive el país, se avecina lo más crítico. ¿Qué se hará para que las elecciones de 2026 se lleven a cabo de la forma más transparente y sin riesgo de una convocatoria inconstitucional, de inscripciones de organizaciones ilegales ni de participación de planchas incompletas, tal como ocurrió en elecciones pasadas y que todo el Perú conoce?

¿O no queremos reconocer lo sucedido en las elecciones anteriores respecto a las actas, los padrones electorales y la certificación de firmas efectuadas por los electores de los pueblos más alejados del país, incluyendo las actuaciones de los personeros y del personal encargado de la seguridad? ¿Qué planificación existe ahora para controlar estas variables que son importantísimas para garantizar unas elecciones transparentes y justas, sin fraude alguno?

Con 49 partidos participando en la primera vuelta y con un padrón extenso y confuso para escoger candidato, no se tendrá la certeza de que todo haya salido bien como se esperaba. Esta vez debe existir un mecanismo para verificar las actas de los lugares donde surgen dudas, que siempre se presentan en las zonas más alejadas, donde normalmente hay poco control y escasa presencia de autoridades para supervisar el proceso.

La garantía del orden público y la paz social, son indispensables para que las futuras elecciones se celebren en buen recaudo. Estamos muy lejos de alcanzar estas condiciones, sumado ahora al caos producido por la vacancia presidencial, el paro de transportistas y las marchas de protesta realizadas por la llamada juventud «Z» y/o «de Cristal», promovidas por grupos comunistas y «caviares» que aprovechan la indignación popular ante el desorden general.

Una unión nacional sin violencia para eliminar el caos es lo que se necesita con urgencia. Lo primero que debe combatir el nuevo presidente, José Jerí, es la delincuencia generalizada que está en las calles, cada día más violenta, y que no permite a la sociedad vivir ni trabajar con tranquilidad. Human Rights Watch ha alertado que Perú es uno de los países de la región donde más aumentan las muertes violentas; durante la presidencia de Boluarte, el aumento más alarmante ha sido el de las extorsiones, la minería ilegal, el narcotráfico y el terrorismo urbano.

Ante este desorden político, judicial e institucional, lo que buscan los grupos comunistas y «caviares», manipulando a la juventud, es la destitución del actual presidente y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para eliminar el marco jurídico constitucional vigente, que establece las reglas de convivencia y de Estado que nos definen como nación libre y soberana, la captura total de los poderes públicos y el reemplazo de nuestra Constitución democrática por una de corte marxista, además de la supresión de las libertades que garantizan el desarrollo y la propiedad individual de todos los peruanos.

El gabinete que ha convocado el día martes 14 el presidente José Jerí es de ancha base, integrado por personas nuevas y muy profesionales en las carteras que han asumido, capaces de generar las acciones pendientes y de darlo todo por el Perú, incluso la vida si fuera necesario.

Ahora debe formarse un Comité de Crisis presidido por el propio presidente, que brinde respaldo total a las FFAA y a la PNP, ya que él es el Jefe Supremo de estas; que lo integren el Primer Ministro, el Fiscal de la Nación, los ministros del Interior y de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, los comandantes generales de las FFAA y de la PNP, el jefe de la DINI y el Defensor del Pueblo.

Se debe actuar con contundencia conforme a las nuevas leyes para combatir la criminalidad y el sicariato, imponiendo el castigo correspondiente a quienes recurran a la violencia con armas de fuego u otros medios, a quienes usen máscaras en las protestas para ocultar su identidad, a quienes destruyan propiedades públicas o privadas, obstruyan vías y el libre tránsito en ciudades y carreteras, o generen desmanes y destrucción.

La nueva estrategia y táctica para enfrentar el crimen debe sorprender a los involucrados en protestas y huelgas violentas a futuro, con la oportunidad y la sorpresa de la actuación coordinada, contundente, rápida y precisa de las fiscalías y de la PNP.

¡Estamos a la espera!

¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS EN EL PERÚ!