En un mundo donde los delitos no solo los cometen malhechores o bandas criminales, sino también los Estados, es importante determinar que no hay impunidad ni crimen sin sanción.
El canciller de Chile, embajador Alberto Van Klaveren, ha viajado a La Haya para presentar una denuncia formal contra el gobierno de Maduro por el secuestro y asesinato del teniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda, después que el 11 juzgado de Garantía de Santiago formalizó denuncia contra 19 delincuentes de la banda “Los Piratas”, una célula del “Tren de Aragua”, acusados de cometer ese delito, catalogado como “crimen de lesa humanidad”.
Ojeda estuvo encarcelado desde el 19 de abril del 2017, con 33 compañeros de armas, integrantes del Movimiento por la Libertad y la Democracia, pero escapó el 30 de noviembre del mismo año, lanzándose al pavimento desde el vehículo que lo trasladaba al juzgado castrense.
Estuvo escondido varios meses, y se desplazó a Chile, cuyo gobierno le concedió asilo político. En noviembre del 2022, la televisión filmó a Ojeda de rodillas, con los brazos extendidos y una bolsa negra en la cabeza en el frontis del Palacio de La Moneda, sede del Gobierno, demandando elecciones y libertad para los presos políticos.
Ojeda, pues, se había convertido en un símbolo de la resistencia y su vida corría peligro. A pesar de cambiar constantemente de domicilio, desapareció el 21 de febrero.
La televisión presentó un video mostrando a Ojeda “sacado en ropa interior de su casa a las 3 y 10 de la mañana, por varios encapuchados vestidos de negro, con cascos, pasamontañas y chalecos antibalas, fuertemente armados”.
Diez días después del plagio, su cuerpo fue encontrado en una maleta enterrada a metro y medio de profundidad y sellada con cemento, con evidentes huellas de atroces torturas.
Ojeda dejó como legado un diario dando cuenta de su escape y cautiverio. Son 185 páginas donde narra los actos de barbarie a que fue sometido en la cárcel.
En ese documento, recordó: “Las descargas eléctricas se convirtieron en una práctica rutinaria al momento de hacerte hablar. Comienza con leves sesiones, que aumentan progresivamente dependiendo del grado de información que les suministres. La asfixia mecánica y golpes con barras mecánicas envueltas en esponja es para demostrarte que la ley ahí no existe”.
El diario “La Tercera”de Santiago, que reprodujo parte del testimonio, señaló que el relato también detalla cómo “era colgado en una pared durante horas, o que le sumergían la cabeza en un balde de agua para que hablara y dijera algún testimonio que ellos querían que repitiera. Así fue durante 13 días”.
Matar opositores exiliados es una práctica de las autocracias. Solo para referirnos a Chile, recordemos que en 1974 el ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa fueron asesinados en Buenos Aires, Argentina, mediante la explosión de un coche bomba y en 1976 el ex canciller de Salvador Allende, embajador Orlando Letelier, fue ultimado en Washington mediante una explosivo activado a control remoto.
Ahora que los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) escuchen el testimonio y las evidencias que presentará el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, se abre una magnífica oportunidad para que se enjuicie y sancione a los responsables de ese grave delito.
Más aún, este caso pone a prueba la credibilidad y el prestigio de la CPI, una institución que muchos consideran burocrática e inoperante, a pesar que cuenta con un presupuesto de 203 millones de euros anuales, centenares de funcionarios y 123 países miembros, pero que a 27 años de su creación – el 17 de julio de 1998 – sólo ha sentenciado al jefe de la policía islámica de Mali y a un líder congolés.
En un mundo donde los delitos no solo los cometen malhechores o bandas criminales, sino también los Estados, es importante determinar que no hay impunidad ni crimen sin sanción. Una oportunidad histórica para demostrarlo es el caso del teniente Ronald Ojeda.
