OPINIÓN/ Un quinquenio de descontrol legislativo: las 229 leyes con impacto fiscal adverso

Escribe: Carlos Jaico

 

El resultado es un vacío de responsabilidad: el Congreso gasta, el Ejecutivo paga y el país se endeuda.

Según el Consejo Fiscal del Perú, el actual Parlamento cierra su quinquenio con un récord sin precedentes: 229 leyes con impacto fiscal adverso, más de tres veces el promedio aprobado en periodos anteriores. Entre 2006 y 2011 se aprobaron 88 leyes de este tipo; entre 2011 y 2016, apenas 47; y entre 2016 y 2020, unas 70. En contraste, solo entre 2021 y octubre de 2025 se han promulgado 229 normas, con picos de 72 en 2024 y 63 en lo que va de 2025.

Este aumento explosivo de legislación con costo fiscal ha erosionado la sostenibilidad de las finanzas públicas. La mayoría de estas normas — 44% aprobadas por insistencia y bajo un claro impulso populista— amplía gastos obligatorios, crea nuevas transferencias a gobiernos subnacionales o concede beneficios tributarios sin respaldo financiero. Solo las diez más onerosas sumarían más de 25 mil millones de soles anuales, empujando la deuda pública hacia el 70% del PBI en 2036, cuando el límite prudencial debería bordear el 30%.

En otras palabras, el Estado ha gastado mucho más de lo que recauda, y esa diferencia se cubre con deuda o aumento de impuestos. Un déficit de esa magnitud es peligroso: eleva el endeudamiento, encarece el crédito, desalienta la inversión y deja al país sin espacio fiscal para enfrentar nuevas crisis. Además, presiona la inflación y obliga a recortar inversión pública. Mantener este desequilibrio compromete la estabilidad macroeconómica y la reputación de disciplina fiscal que el Perú construyó durante dos décadas.

El problema no es técnico, sino político. La ausencia de disciplina legislativa y la falta de controles ex ante del impacto fiscal han convertido la política en una fábrica de promesas sin presupuesto. Las 229 leyes son el reflejo de un Congreso que legisla para el aplauso inmediato, no para la sostenibilidad del Estado. El reto del próximo gobierno será revisar, jerarquizar y, si es necesario, derogar las normas que comprometen el futuro. La bicameralidad ofrece una oportunidad: que el Senado actúe como cámara de contención, capaz de devolver la racionalidad al debate público.

Pero el Tribunal Constitucional también tiene una cuota de responsabilidad. Al permitir que el Congreso apruebe leyes con gasto fiscal directo, el TC ha debilitado la Constitución económica y desdibujado los límites del poder. Con su interpretación complaciente de los artículos 79 y 118, ha entregado al Parlamento una prerrogativa que la Carta expresamente le niega, alentando el populismo presupuestal. El resultado es un vacío de responsabilidad: el Congreso gasta, el Ejecutivo paga y el país se endeuda.

Si esta tendencia continúa, el Perú corre el riesgo de perder su único y mayor activo: la confianza en su economía. La estabilidad fiscal no es una cifra técnica, sino una condición moral de gobierno. Cuando la política descuida el equilibrio de las cuentas públicas, el precio lo terminan pagando los más vulnerables y las generaciones futuras.