OPINIÓN/ Una sentencia justa

Escribe: Ricardo León Dueñas

si bien el TC no es una instancia más de un proceso penal ordinario, sí tiene que ser el garante del debido proceso, además de celoso guardián del cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La gente, y sobre todo algunos connotados colegas, se olvidan (muchos ex profeso) de que el Tribunal Constitucional existe para amparar, acoger e impedir abusos de una justicia ordinaria que afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Keiko Fujimori podrá ser todo lo odiada que quieran (y querida, por cierto), pero también tiene derechos fundamentales (aunque sea inconcebible para algunos), entre ellos el ser procesada por la comisión de un delito debidamente tipificado y que esté vigente al momento de su supuesta comisión, a ser juzgada en un tiempo medianamente razonable y —entre tantas otras garantías— a no ser privada arbitraria y abusivamente de su libertad, como lo fue por 18 meses; es decir, a ser tratada con arreglo a sus derechos fundamentales… mínimo.

Nada de estos principios básicos y elementales del derecho penal fueron observados por una justicia ordinaria a través de sus operadores —el Ministerio Público y el Poder Judicial extremadamente politizados a lo largo de los últimos diez años en los que enfrentó —junto a los demás coinculpados— un proceso penal plagado de gruesas irregularidades.

Pues bien, una mayoría calificada de cinco magistrados del TC (Gutiérrez Ticse, Morales Saravia, Ochoa Cardich, Domínguez Haro y Hernández Chávez) dispusieron que el PJ archive el emblemático proceso “Cócteles”, poniendo de esta manera fin a una payasada de juicio (por ser amables con el término), un abuso incalificable que muchos pensamos no tenía cuándo acabar. Las enredadas explicaciones de los dos tribunos (Pacheco Zerga y Monteagudo Valdez) que se opusieron a esta sentencia con una suerte de malabarismos seudojurídicos para sustentar lo insostenible (que no se archive el proceso), resultaron tan penosos y carentes de toda lógica jurídica como —felizmente— insuficientes.

El caso de Manuel Monteagudo merece especial atención, es un tribuno que tiene la misma tendencia y sesgo ideológico —progre— que aquel nefasto colegiado que tenía como líderes de la mayoría a Eloy Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma, es decir, el peor tribunal de la historia de esa entidad.

Monteagudo siempre vota contra todo lo que signifique algún beneficio para el fujimorismo (lo hizo también en el caso del indulto del fallecido expresidente). Para este magistrado, Alberto y Keiko Fujimori (amén de otros perjudicados) deben pasar por las horcas caudinas de una justicia venal e ineficiente… una justicia que de tal no tiene nada.

Lo cierto y real es que, si bien el TC no es una instancia más de un proceso penal ordinario, sí tiene que ser el garante del debido proceso, además de celoso guardián del cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Así, en esta oportunidad ha tenido el papel que le franquea la Constitución para ejercer JUSTICIA en la acepción primigenia del término, la del jurista romano Ulpiano: “dar a cada quien lo que le corresponde”. Punto para el Tribunal Constitucional y
para el Estado de derecho.

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