Eduardo Arana se expresó a favor de analizar dicha propuesta para aquellos que cometan delitos graves como violación sexual a menores de edad, sicariato, feminicidio y terrorismo.
Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el 30 de noviembre se han registrado 1.829 homicidios en todo el país, superando así las cifras de todo el año 2023, cuando se reportaron 1.431 muertes de este tipo.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se expresó a favor de evaluar la propuesta de pena de muerte para aplicar a aquellos que cometan delitos graves, en momentos que la ola criminal en todas sus formas continúa batiendo récords y cobrando decenas de vidas a escala nacional.
Durante la interpelación contra el titular del Ministerio de Justicia (Minjus), el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, lo exhortó para hacer un ajuste a la política criminal, replanteando la severa medida.
La pena de muerte sería aplicada a quienes cometan violación sexual a menores de edad, sicariato, feminicidio y terrorismo.
Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el 30 de noviembre se han registrado 1.829 homicidios en todo el país, superando así las cifras de todo el año 2023, cuando se reportaron 1.431 muertes de este tipo.
Es por eso que Eduardo Arana afirmó sentir la misma preocupación ante la ola de violencia que los peruanos vienen viviendo a manos de delincuentes.
“Siento también la misma preocupación de que esto debe ser revisado. Desde luego considero también que las reglas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que todavía están vigentes requieren un proceso”, expresó.
Entre los últimos proyectos de ley planteados, en referencia al tema, estuvieron los propuestos por los congresistas de Acción Popular, Luis Aragón y Wilson Soto.
Respecto al primero, propuso aplicar pena de muerte a quienes cometan delito de violación a menores, sicariato, extorsión, terrorismo y tráfico de menores.
Asimismo, Soto planteó la medida para aquellos que sean condenados por extorsiones, sicariatos, secuestro o robo agravado.
Las iniciativas legislativas planteadas por los legisladores es una consecuencia a la exigencia de la ciudadanía que clama por leyes severas contra los delincuentes.
Sin embargo, el Perú, al estar adherido al Pacto de San José y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podría dar viabilidad a la pena de muerte, por lo que críticos aseguraron que se trataría de propuestas populistas.
“Todos los días hay asesinatos, hay asaltos(…) si pensamos en las cortes internacionales que piensan más en estos delincuentes, ¿qué derechos humanos deben de tener ellos?“, expresó Soto en un canal de televisión de señal cerrada.