PERÚ ¿ENTRE LA MINERÍA MODERNA Y LA MINERÍA ILEGAL?
Durante el Simposio XV Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el presidente del mencionado evento, Gonzalo Quijandría, señaló que en la próxima década el Perú debe desarrollar proyectos mineros valorizados en US$ 18,000 millones. Agregó que el país cuenta con una cartera de inversiones mineras de US$ 55,000 millones y que el año pasado el sector minero generó 225,000 empleos, de los cuales el 95% está fuera de Lima.
Disyuntiva es crear empleo formal o no, preservar el medio ambiente o no
Uno de los hechos más interesantes de la exposición de Quijandría es que planteó un dilema nacional que permanece oculto por la crisis política y la judicialización de los asuntos públicos. La disyuntiva consiste en que el país debe decidir si pretende desarrollar estos proyectos con los estándares de la minería moderna –que paga impuestos, genera empleo formal, emplea los criterios ambientales más rigurosos y se convierte en uno de los motores antipobreza centrales de la sociedad– o, por el contrario, permite que la minería ilegal avance sin pagar impuestos, con la depredación del medio ambiente.
De una u otra manera detrás de esta disyuntiva está el resultado natural de dos décadas de acción antiminera de las izquierdas, ya sea en sus versiones progresistas o comunistas. ¿Por qué? Vale recordar que, a inicios del nuevo milenio diversas proyecciones señalaban que si el Perú seguía creciendo sobre el 6% en el Bicentenario de la República nuestra sociedad podría alcanzar un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado. Una de las condiciones de ese logro histórico era que el Perú concretara su cartera de inversiones mineras. Esos objetivos no se concretaron y una de las causas centrales fue el bloqueo de miles de millones de dólares en inversiones mineras.
Durante el gobierno nacionalista se bloquearon los proyectos mineros Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca, mediante la violencia de sectores antimineros radicales, mientras la izquierda progresista desarrollaba fábulas y relatos acerca de que la minería moderna era una amenaza para los recursos hídricos, el consumo humano y la agricultura. El objeto de estas narrativas era sobrerregular el Estado para detener la inversión en minería: en dos décadas se pasaron de 12 a 265 procedimientos mineros ante el Estado. El resultado: todos los proyectos fueron detenidos y el último significativo fue la inversión de Quellaveco, en Moquegua.
Toda esta tragedia que desataron las izquierdas en el país sucedía cuando los precios de los minerales crecían sostenidamente, sobre todo el cobre y el oro. Un territorio paralizado en sus inversiones mineras con semejantes precios en el planeta, tarde o temprano, tenía que desatar el fenómeno de la minería ilegal. Y eso es lo que está sucediendo en el Perú en varias regiones, particularmente en Pataz y en el corredor vial del sur.
ya se conocen los efectos benéficos y constructivos de la minería moderna en la reducción de pobreza y la descentralización y los efectos destructivos, corrosivos y desorganizadores de la minería ilegal.