Un total de 16 compromisos dirigidos a fortalecer la lucha contra el narcotráfico regional, fueron acordados por representantes de Perú y Colombia durante la XIII Reunión de la Comisión Mixta en Materia de Control de Drogas que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El encuentro marcó la reanudación de la cooperación bilateral contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos que se encontraban pausadas. En el curso del encuentro se adoptaron varios acuerdos concretos, que reafirman voluntad de ambos países de trabajar de manera conjunta para frenar el accionar de las bandas que se dedican a esta ilícita actividad.
La reunión estuvo presidida por el director general de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Luis Felipe Ugarelli; y la directora de Asuntos Políticos Multilaterales de la Cancillería de Colombia, embajadora Adriana Mendoza.
Durante la jornada de trabajo, las agencias de ambos gobiernos actualizaron sus diagnósticos, compartieron experiencias y definieron prioridades comunes. También se debatió la posibilidad de fortalecer la cooperación judicial para combatir eficazmente el narcotráfico y el lavado de activos.
El diálogo se estructuró en dos grupos temáticos especializados. El primero de ellos, se enfocó en el control de la oferta de drogas, abordando específicamente el tema de la interdicción, la fiscalización de insumos químicos y el monitoreo de nuevas sustancias psicoactivas.
En tanto, el segundo grupo se centró en la reducción de la demanda de drogas, con estrategias en prevención educativa, atención en salud y programas de desarrollo alternativo integral y sostenible.
El encuentro contó con la participación de representantes de los ministerios del Interior, Educación y Salud, el Ministerio Público, la Marina de Guerra, la Sunat y la Autoridad Portuaria Nacional, así como de organismos especializados como Devida, Dirandro y DINI y el Proyecto Especial Corah.
Al respecto se precisó que dicho mecanismo bilateral, vigente desde 1984 bajo el Acuerdo de Cooperación en materia de Desarrollo Alternativo, Prevención del Consumo, Rehabilitación y Control del Tráfico Ilícito, es fundamental para construir consensos y desarrollar respuestas efectivas ante este desafío complejo y multidimensional.