PETROPERÚ: ¡DESPILFARRO EN MEDIO DE LA RECESIÓN!
Al cierre de esta edición trascendió que en el Consejo de Ministros se estaba discutiendo un nuevo rescate financiero para Petroperú por más de US$ 2,000 millones. De aprobarse esta medida, mediante un decreto supremo de emergencia, semejante cantidad se sumaría a los US$ 2,500 millones transferidos a la empresa estatal de petróleos en el 2022 para que “pueda seguir operando con normalidad”. Si a estas cifras astronómicas le sumamos el costo que ya suma el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara –es decir, más de US$ 6,000 millones– estamos hablando de una de las empresas más ineficientes de la historia nacional.
Sangría fiscal de más de US$ 2,000 millones a favor de empresa estatal
Pero eso no es todo. El Ejecutivo le ha entregado a Petroperú los lotes I, VII y Z-69, cuyos contratos de concesión habían vencido. Y se entregaron sin licitación, no obstante que diversas compañías estaban interesadas en la gestión de los señalados lotes. Como todos sabemos, la conducción de esas concesiones petroleras necesita de inversión para mantener sus niveles de productividad. ¿Cómo así una empresa quebrada como Petroperú va a tener capacidad de invertir? Imposible.
A la luz de todos estos hechos, es incuestionable que el gobierno de Dina Boluarte ha nacionalizado la política petrolera en el Perú. Vale recordar que la estatización del sector energético era el eje y el objetivo principal del gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre. En este contexto, cabe preguntarse si no estamos ante una versión pálida de las irresponsabilidades económicas que hubo durante el gobierno de Castillo.
La farra fiscal alrededor de Petroperú se produce cuando la SUNAT acaba de informar que la presión tributaria ha descendido en 12.3% sumando más de S/ 10,000 millones en recursos menos para el Estado. Igualmente se produce cuando el gobierno de Boluarte y la gestión de Alex Contreras en el Ministerio de Economía incumplen las metas de reducción del déficit fiscal, quebrando tres décadas de disciplina macroeconómica. Y como supuestamente lo señaló el propio Contreras, el aumento del déficit tendría que ver con la sangría de recursos a Petroperú.
Si en el Congreso no se asume una clara posición de control y oposición al evidente regreso del Estado empresario –que durante el velascato, desencadenó la creación de 200 empresas estatales, creó un déficit fiscal de más del 10% del PBI y desató la hiperinflación que empobreció a más del 60% de los peruanos–, entonces las bancadas que se opusieron al golpe fallido de Castillo también serán responsables de la destrucción de la disciplina fiscal y la macroeconomía nacional.
Dina Boluarte empieza a dejar ver su rostro estatista y populista, mientras prepara el regreso del Estado empresario.