1.- La ofensiva(o contraofensiva, como se quiera ver) de la caviarada/progresía nacional para no perder el poder acumulado en la justicia es inconmensurable. Sus avezados operadores políticos están sumamente activos, pretendiendo perpetuar sus gollerías y el nefasto statu quo acumulado por años. Lo hacen de manera muy rampante en cuanto medio de prensa y redes sociales encuentran, la gran mayoría desde la comodidad de sus multimillonarias e intocables ONG. ¡Cuidado que se les voltea la torta!
2.- Si creandoministerios se solucionaran los problemas, que existan (y se creen) tantos como temas haya. En la socialista Venezuela chavista, se creó el Ministerio de la Felicidad… ¿Se puede ser más absurdo? Pero como eso NO ocurre, que se fusionen ministerios. Cualquier iniciativa en esa dirección es positiva, pero debe ser genuina, no solo para la finta y la foto. Mientras menos Estado haya (y sea eficiente, claro está), mejor le irá al país, y eso, estimados lectores, es casi un dogma de fe.
3.- Resulta un despropósito absoluto que el inefable decano del Colegio de Abogados de Lima intente sancionar éticamente a un congresista/abogado solo porque el CAL no está de acuerdo con una ley que este impulsa. Por más que el dispositivo sea un absurdo legal o inconstitucional, ¿qué norma ética han infringido? Los congresistas –nos guste o no– no responden por sus votos, salvo que se pruebe que hayan cometido un delito en el ejercicio de sus funciones, lo cual no es el caso.
4.- Mediante la figura del control difuso, un juez puede aplicar una norma de menor rango si la que tiene a la vista resulta manifiestamente inconstitucional o colisiona con la legalidad. Sin embargo, esta facultad discrecional debe aplicarse en las sentencias, no en resoluciones de mero trámite durante un proceso. Todos los operadores de justicia tienen el deber y la obligación de aplicar la ley. Si cualquier entidad –Ministerio Público, Poder Judicial, o quien sea– considera que una ley contraviene la Constitución, tiene el camino expedito para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de nuestra Carta Magna. Mientras tanto, deben ejecutarla. Cualquier llamado a no hacerlo configura un abierto desacato al Estado de Derecho, sobre todo si proviene de una Junta de Fiscales Supremos, la máxima instancia de una entidad encargada de defender y cautelar los derechos de la sociedad de manera objetiva.
5.- Sorpresiva–y lamentable– la remoción del mejor ministro de este régimen, el canciller Javier González-Olaechea, mientras algunos cuestionados siguen en su cargo. No extraña en un gobierno mediocre y cada día más errático, con una prensa que no le da tregua. Se avizoran tiempos más tormentosos aún.
