PIURA: IMPULSAN PROYECTO PARA EXPULSAR DELINCUENTES EXTRANJEROS
Parlamentario Miguel Ciccia y alcalde Juan Díaz Dios plantean norma “especial” y “rápida” para enfrentar bandas de venezolanos y colombianos, aliados con bandas locales, que ya han asesinado a más de 140 personas, atentan contra la población y todo tipo de actividad empresarial
“buscamos crear un procedimiento rápido para expulsar del país a los extranjeros que vulneran las normas peruanas porque el procedimiento actual ata de manos al Estado”.
Tras insistentes pedidos de la población, tanto a las autoridades locales como al Gobierno central, el alcalde Juan José Díaz Dios anunció que en coordinación con el legislador Miguel Ciccia Vásquez, impulsará un proyecto de ley para expulsar a los extranjeros que delinquen, mediante una disposición especial y rápida.
El burgomaestre explicó que actualmente la expulsión de un extranjero que ha delinquido tarda más de dos meses, por eso “buscamos crear un procedimiento rápido para expulsar del país a los extranjeros que vulneran las normas peruanas porque el procedimiento actual ata de manos al Estado”.
Por su parte, fuentes del gobierno regional aseguraron que existen evidencias policiales y testigos que señalan que el mayor porcentaje de delitos, incluidos asesinatos y asaltos a mano armadas, es perpetrados por individuos de nacionalidad venezolana, seguidos de colombianos y ecuatorianos”.
Delincuencia fuera de control
La misma fuente consideró muy conservador el informe que en abril pasado presentó el jefe de orden interno y seguridad en Piura en el que señalaba que desde enero de 2021 a febrero del presente año, se registraron cerca de 14 mil denuncias por el delito contra el patrimonio, 140 por homicidios, 409 denuncias por extorsión y 384 por abuso sexual.
Las estadísticas, que a entender de la policía no revela la dimensión de la inseguridad, no considera los fenómenos colaterales del que generan los delitos como el incremento del tráfico de droga y la prostitución, especialmente de jóvenes venezolanas y colombianas, sometidas por mafias integradas por sus compatriotas.
“El caso es que la inseguridad está afectando gravemente la actividad empresarial, profesional e incluso la atención en los restaurantes donde en las últimas semanas se advirtió sobre la incursión de delincuentes venezolanos en conocidos restaurantes de comida típica, principalmente en Castilla, Los Ejidos, en Piura, aparte de Sullana y Catacaos”, recuerdan las fuentes.
Con anterioridad, los alcaldes de Piura y Sullana exigieron al Ejecutivo que las provincias sean declaradas en emergencia, pedido al que se sumaron el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).
Critican dejadez del Ejecutivo
El pedido fue admitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); no obstante, hasta ahora no tienen respuesta. Las críticas también alcanzan al mandatario Castillo Terrones porque, pese a sus anuncios de enfrentar a la delincuencia, no da respuesta.
“He visto que el tema delincuencial ha llegado a límites asombrosos en Piura. Tienen que tomar medidas urgentes, porque no se puede tolerar que los delincuentes realicen sus actividades y queden en la impunidad”, señaló en su oportunidad el coronel PNP Máximo Vargas Hugo, exjefe de la Región Policial de Piura.
De otro lado, Díaz Dios añadió que “la policía no puede retener a los extranjeros mientras dure el proceso de expulsión. Mencionó, por ejemplo, que en Piura existen extranjeros que atacan a los conductores aprovechando la luz roja de los semáforos y no pueden ser expulsados porque están protegidos mientras dura su proceso penal”.
“El Estado Peruano no conoce cuántos extranjeros ingresan al territorio, no conoce quiénes son, a qué se dedican y mucho menos dónde están. Es una situación de alarma que estoy denunciando y que tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana en la ciudad de Piura”, enfatizó Díaz.
“Se escudan el ‘derecho humanitario’”
Funcionarios regionales que demandaron mantener en reserva su identidad, dijeron que aparte de que venezolanos y colombianos, han tomado lugares públicos donde permanentemente generan reyerta, incentivan la prostitución de sus propias compatriotas que ven en esta actividad la única forma de sobrevivir.
Sin embargo, “hay muchos individuos vinculados a ONG que por interés, para recibir fondos de organismos internacionales, defienden las tropelías de los delincuentes diciendo que actúan bajo los mandatos del ‘derecho humanitario’”, sin considerar el grave daño que estos sujetos vienen haciendo a la sociedad y al país”, señalaron.