PJ DESESTIMA RECURSO DE AMPARO PRESENTADO POR CASTILLO EN CONTRA DEL CONGRESO
Pedro Castillo Terrones sufrió un revés más en su intento de librarse de las denuncias que pesan en su contra. El Primer Juzgado Constitucional del Poder Judicial declaró infundado el recurso de amparo que presentó, para frenar la acusación constitucional que enfrenta por el (presunto) delito de traición a la patria.
Así, la resolución judicial correspondiente concluye- entre otros aspectos- que el Jefe de Estado “no está exento del control político”. Además, se establece que el hecho de haberse aplicado los mecanismos previstos en la Constitución, entre los que se incluye el proceso de acusación constitucional, no significa que se estén limitando sus derechos.
“Se precisa que el demandante fue elegido constitucionalmente y ostenta el más alto cargo público del país; sin embargo, ello no implica que quede exento del control político; no siendo competencia del juzgado constitucional evaluar la legitimidad de los argumentos y pruebas, con las cuales la Subcomisión demandada acusa la infracción constitucional y la existencia de indicios de la comisión del delito”, se indica en el fallo.
Además la referida sala concluye que en el informe final sobre la acusación constitucional formulada contra Castillo (aprobado el viernes pasado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso), no se advierte ninguna afectación al derecho constitucional del mandatario.
“La emisión del informe de calificación de la denuncia constitucional N° 219 de modo alguno puede significar afectación a su derecho a ejercer la función pública o ser elegido; en tanto estos procedimientos de control político cuentan con el debido soporte constitucional y reglamentario conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Estado, es decir, puede ser sometido a procesos de acusación constitucional, antejuicio y juicio político sin que ello suponga lesión a derecho constitucional alguno”, se precisa en la sentencia.
Mediante su recurso de amparo, Pedro Castillo Terrones acusaba al Legislativo de haberle (supuestamente) privado de su derecho al debido proceso, al afirmar que la denuncia constitucional presentada en su contra no habría sido analizada bajo el principio de “imparcialidad”.
Por ello, el mandatario demandaba al Poder Judicial que se pronunciara en el sentido de indicarle al Congreso de la República que se abstenga de ejercer “un control político arbitrario, desproporcionado e inconstitucional”.