PJ: Pide al Congreso extender diálogo y debate sobre reforma de la extinción de dominio

La presidencia de la Mesa de Trabajo y la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder instó al Congreso de la República a extender el proceso de diálogo y debate de la propuesta legislativa que reforma el proceso de extinción de dominio.

Expresaron su rechazo a la aprobación de la modificación propuesta que introduce cambios en el régimen jurídico de este proceso.

Mediante un pronunciamiento, el organismo que preside el juez supremo titular Manuel Luján Túpez hizo este pedido ante la reciente aprobación en primera votación del dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo N.°133 sobre extinción de dominio.

“Solicitamos a los representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República que se extienda el proceso de diálogo y debate, con el fin de ordenar, ajustar y enriquecer la propuesta legislativa. Es crucial que cualquier reforma a la extinción de dominio se realice de manera rigurosa y detallada, con el objetivo de fortalecer este mecanismo y garantizar que cumpla su propósito fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sin generar retrocesos en su efectividad”, precisaron.

Rechazo a aprobación en primera votación

En ese sentido, expresaron su preocupación y rechazo a la aprobación en primera votación de la modificación propuesta que introduce cambios en el régimen jurídico de la extinción de dominio.

“Si bien comprendemos y valoramos la intención de mejorar los procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos, consideramos que las reformas planteadas dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica necesaria para garantizar el fortalecimiento de este mecanismo crucial en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras actividades ilícitas”, indicaron.

Precisaron, en ese sentido, que el sistema de extinción de dominio fue establecido para cumplir tratados internacionales, como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), reconocidos por Perú como reglas obligatorias.

El organismo señala que estos tratados establecen la necesidad de contar con sistemas autónomos y especializados para afrontar de forma eficaz la corrupción y criminalidad, no desde el ámbito del derecho penal, sino desde el enfoque de la recuperación de las finanzas ilícitas y el restablecimiento de un mercado justo y limpio, en las que no es necesaria una condena penal previa para que pueda extinguirse el dominio, que no es propiedad sino una apariencia real sin respaldo legal o constitucional alguno.

Indicaron también que la extinción de dominio es un instrumento clave en la política criminal del Estado peruano, pues permite recuperar bienes activos adquiridos, producto de actividades ilegales, a través de la aplicación de un debido proceso que garantiza la protección de los derechos fundamentales.

“Este mecanismo es necesario para frenar la impunidad, debilitar las estructuras del crimen organizado y la corrupción, al afectar directamente los beneficios económicos originados en actividades criminales. Modificar esta herramienta sin un riguroso análisis técnico-jurídico no solo genera vacíos legales, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar que los bienes ilícitos sean efectivamente recuperados y devueltos a la sociedad”, añadieron.