El Poder Judicial (PJ) presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que establece medidas para el fortalecimiento del sistema de corrupción de funcionarios.
Iniciativa incluye asignar financiamiento para mejorar los servicios de justicia penal
En la propuesta se señala que el PJ tiene a su cargo este sistema, en el marco de la Ley 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente.
A fin de asignar financiamiento a este poder del Estado para la mejora de los servicios del sistema de justicia penal, se propone asignarle recursos. Estos deberán ser equivalentes al 1% de las acciones que ejecutan entidades públicas cuyo valor total de inversión o monto de convocatoria sea igual o mayor a S/ 5 millones.
Dichas acciones incluyen ejecutar inversiones que generen desembolso de recursos públicos y garantías financieras o no financieras por parte del Estado.
Ello incluye inversiones en obras por impuestos y asociaciones público-privadas a cargo de los tres niveles de gobierno, de las empresas públicas del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y de toda entidad bajo el ámbito del sistema nacional de control.
Asimismo, como se señaló anteriormente, estas entidades destinarán a este financiamiento el 1% del valor total de las inversiones mencionadas, desde la fase de formulación y evaluación.
En ese sentido, se indica en el proyecto que el sistema de corrupción de funcionarios se financia con el aporte del 1% del monto de cualquier iniciativa de contratación de bienes o servicios y adquisiciones que no constituyan inversión que ejecuten las entidades mencionadas.
Reducción de carga procesal
En la iniciativa legislativa se menciona también que el Poder Judicial implementará a nivel nacional los órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción de funcionarios durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026.
Se indica que hacer esto es necesario para atender la brecha acumulada, la carga corriente y los nuevos ingresos de procesos judiciales que generaría la aplicación del control concurrente por la Contraloría General de la República.
Asimismo, el Poder Judicial fortalecerá el monitoreo y evaluación de los órganos jurisdiccionales penales.
Los recursos recibidos se aplicarán solo para financiar y ejecutar las actividades, proyectos y otras acciones de fortalecimiento del Sistema de Corrupción de Funcionarios, así como de lavado de activos.
Adicionalmente, el proyecto de ley refiere que el juez de investigación preparatoria en los procesos de corrupción de funcionarios, en calidad de juez de garantía, cautelará el debido proceso en un plazo razonable, actuando de oficio para el control de plazos. Esto tiene la finalidad de evitar la impunidad a través de la prescripción de los delitos y de la pena.
Por su parte, el juez de la ejecución, sin perjuicio de las acciones realizadas por el Ministerio Publico y el actor civil, está facultado para hacer cumplir la sentencias en la sanción penal, así como la reparación civil y las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencias.
Asimismo, en el proyecto de ley el Poder Judicial sugiere declarar de interés nacional la priorización y asignación del financiamiento de los recursos que requieren el Ministerio del Interior y el Ministerio Publico para el fortalecimiento de la actividad probatoria y la modernización de los laboratorios de pruebas criminalísticas. Esto fortalecerá la lucha contra la corrupción de funcionarios en la administración pública.
