Un proyecto de ley del congresista Juan Burgos (Podemos Perú) plantea que los penales del país pasen a ser privatizados, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario.
La propuesta de ley tiene entre sus objetivos reducir el hacinamiento en los centros de reclusión y optimizar el uso de los recursos públicos.
En la fórmula legal se define a la privatización de centros penitenciarios como un proceso mediante el cual «se delega la construcción, operación y mantenimiento de dichos establecimientos a entidades privadas, bajo la supervisión del Estado».
Sobre las entidades privadas, se indica que serán empresas u organizaciones que suscribirán contratos con el Estado para tal fin.
Asociación público-privada
En cuanto a la privatización, otro de los artículos del proyecto indica que esta se dará mediante el mecanismo de asociaciones público-privadas, regulado por el Decreto Legislativo 1342, bajo un modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo.
Sobre la supervisión estatal, la propuesta de Burgos indica que esta se dará a través de un órgano especializado. Este tendrá la facultad de llevar a cabo inspecciones periódicas, solicitar informes de gestión y aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales.
Se señala también que el contrato debe incluir la implementación de auditorías independientes anuales para evaluar la gestión operativa, el uso de los recursos, el respeto a los derechos humanos y la eficacia de los programas de rehabilitación. Además, los resultados de dichas auditorías serán públicos.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se señala que la privatización de los penales a través del mecanismo de asociaciones público-privadas permitirá maximizar costos y calidad en relación con el interés público.
