La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima (4.° Despacho) pidió impedimento de salida del país por 6 meses para 12 investigados que pertenecerían a la organización criminal que comercializaba irregularmente las conservas Don Simón para el programa Qali Warma.
Según el Ministerio Público (MP), se trata de los investigados Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga.
A ellos se les imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros.
Es preciso indicar que del total de investigados, solo cuatro se opusieron a dicha decisión. Ellos son: Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga, indicó la Fiscalía.
Además, como parte de las diligencias, consiguió que la Universidad Agraria La Molina designe al perito Julio Vidaurre para que determine si las conservas cárnicas eran o no aptas para el consumo humano.
Precisamente, estas conservas de la empresa Frigoinca es una de las principales señaladas en el caso, pues dicha habría distribuido conservas con carne de caballo para el desaparecido programa Qali Warma.
El ahora vocero presidencial, Fredy Hinojosa, viene siendo investigado por la presunta distribución de alimentos en mal estado de la empresa Frigoinca destinados al programa Qali Warma, lo cual habría ocurrido con la complicidad de funcionarios estatales.
Se recuerda que como parte de estas diligencias, el pasado 17 de diciembre, se ejecutó una orden de allanamiento e incautación en su domicilio. Además, se conoció que el Ministerio Público había solicitado la detención preliminar de Hinojosa Angulo, lo cual fue desestimado por el Poder Judicial debido a la ley que anula la posibilidad de esta medida para casos de no flagrancia, norma que aún se mantiene vigente.
Vocero presidencial niega imputaciones
Al respecto, el vocero de Palacio de Gobierno dijo que «no existe»ningún medio probatorio que lo vincules a las imputaciones del Ministerio Público.
«Si analizamos el caudal probatorio, a nivel jurídico, nos vamos a dar cuenta de que no existe ninguna sindicación, no existe ningún medio probatorio. La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricción», sostuvo.
«El día de hoy, hemos dado todas las facilidades a fin de que el Ministerio Público pueda ingresar al domicilio, revisar los documentos, se le ha proporcionado los equipos como la Tablet, celulares, con todas las facilidades; a fin de que el Ministerio Público pueda corroborar y esclarecer los hechos en relación a mi persona, no dudo que haya responsables que tienen que asumir», agregó.
En esa línea, señaló que «de ninguna manera»se ha visto beneficiado por el hecho de que la jefa de Estado aún no promulga la autógrafa de ley impulsada por el Congreso para anular la imposibilidad de detención preliminar para casos de no flagrancia.
«Toda restricción de derechos de las personas implica un estándar de legalidad, o sea, no puede ser que arbitrariamente o por un tema político o por ser el vocero presidencial se le pueda imputar un hecho e, inmediatamente, restringirle su libertad», aseguró.
