Cabello fue quien acuñó el término «Operación Tun Tun» en 2017.
En su momento no fue algo “formal”. Ahora es algo más institucionalizado y hasta el propio Maduro la nombra.
Pero si en 2017, de abril a julio, hubo 5.051 personas arrestadas, ahora, en solo una semana, Foro Penal contabiliza 1.010 arrestos.
“Este es un ciclo represivo inédito, nunca visto. Se habían verificado picos represivos en las protestas de 2014, 2017 y 2019. Pero nunca nada como esto, nunca se había visto una represión con tanta intensidad como hemos visto ahora”, denuncia Himiob.
Maduro ha presumido de la detención de más de 2.000 personas en el marco de unas protestas que atribuye a un intento de «golpe de Estado» de la «derecha fascista», y ha anunciado la creación de dos cárceles de máxima seguridad.
Uno de los principales cuerpos de seguridad a cargo de las detenciones es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
«Operación Tun Tun apenas comienza. Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales», escribió este sábado en su cuenta en Instagram Douglas Rico, director del CICPC.
“Estamos viendo un recrudecimiento en el modo de reprimir y atacar a la población”, cuenta a BBC Mundo Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
También cambió el patrón de detenciones.
Un patrón en edad y origen
“El tipo de detención, el lugar, ahora es variado. Desde gente que estaba protestando hasta otra que iba a su trabajo, por la calle, en cualquier circunstancia y de modo indiscriminado”, denuncia Himiob.
Y tanto Ballesta como Himiob apuntan que si en otras ocasiones la tendencia era detener a gente en zonas residenciales (con un nivel adquisitivo algo más alto), ahora sobre todo se detiene a personas humildes de zonas populares.
“Allá es donde se está generando la movilización y allí buscan desmovilizarlos lo más posible, allí es donde están las operaciones tun tun”, señala Ballesta.
El perfil de los detenidos es, mayoritariamente, personas de clases populares.
Un periodista local que habla bajo condición de no revelar su identidad cuenta a BBC el clima que esto genera en un barrio popular de Caracas.
“La gente piensa que el que vaya por la calle puede ser detenido sin más. A muchos los detuvieron porque se les ve en un video protestando, gente que salió a comprar el pan, pasó una moto de la policía y la agarraron”.
También hay una tendencia en la edad. El promedio de los detenidos tiene entre 21 y 23 años y, de los más de mil detenidos, 91 son adolescentes, según el Foro Penal.
Las delaciones
La “Operación Tun Tun” tiene otra cara, las delaciones, como el llamado que hizo Douglas Rico, director del CICPC, a denunciar si había sido “objeto de campaña de odio física o virtual”.
El problema es que, como me cuenta un experto en leyes que también quiere guardar el anonimato, “el tema jurídico se convirtió ahora en subversivo”.
La ley de odio que rige actualmente en Venezuela es muy abierta “y no hay límites al concepto de odio, ni a qué es fascista y qué no. Todo cabe en ese concepto”, apunta.
Cualquiera, bajo este paraguas, puede denunciar a otro. Un vecino, la que te atiende en el abasto, el dirigente de tu comunidad. Y aunque no hay constancia de cuántas denuncias se generaron así ni cuántas detenciones supusieron, igual logra sembrar desconfianza y temor entre la gente.
También casi cualquier cosa que haya en tu teléfono puede convertirse en material para una retención o detención.
“Las autoridades en este momento están haciendo énfasis en que tienen y están usando herramientas para generar terror y miedo en la población”, me explica Ballesta.
Por ejemplo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) publicó en sus redes un video que arranca con la frase “A donde vaya, Chuky me encontrará”, de la película El muñeco diabólico y sigue con una versión bastante tenebrosa de la canción Ring Christmas Bells cuya letra dice “Si hicieron mal, él sabrá bien… Los buscará, escóndanse bien. Tu nombre en su lista está”, mientras se ve a agentes del DGCIM deteniendo gente.
El video ya no está disponible.
Esto tiene una contraparte: “Si (las autoridades) dicen que tienen una lista de personas, que irán a tu casa… Es una confesión de detenciones arbitrarias, de privación ilegítima de la libertad. Son posibles crímenes de lesa humanidad», dice Ballesta.
Actualmente el gobierno de Maduro enfrenta una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. El gobierno niega los cargos.
Arbitrariedades
Desde Foro Penal explican que en la “Operación Tun Tun” hay muchas irregularidades.
Una es sobre las detenciones mismas, que no cumplen con la norma de que sean con orden judicial o en flagrancia.
“También detienen a alguien y no dicen dónde está, están negando que elijan un abogado de confianza y se les obliga a aceptar un defensor público. Las audiencias de presentación deberían ser en tribunales y las hacen en centros de reclusión sin permitir el acceso de nadie que no sea un defensor público. Esto es una violación gravísima al derecho a la defensa”, apunta Gonzalo Himiob.
Y se suma que, en general, se hace una “suerte de precalificación jurídica del delito y a todos los detenidos los llaman terroristas sin ni siquiera haber adelantado investigaciones, lo cual es una gran irregularidad y muy grave banalización del término terrorismo”.
Maduro suele referirse con frecuencia a los manifestantes como “terroristas”, “delincuentes” y miembros de “bandas de nueva generación”.
«Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, dijo Maduro en referencia a estas cárceles que, por años, estuvieron bajo el control de bandas criminales como el Tren de Aragua.
BBC Mundo trató de contactar al Ministerio Público para obtener su versión al respecto, pero no tuvo respuesta.
«Borra eso»
Desde Europa, Juan (nombre ficticio) me cuenta que su madre, que vive en El Cementerio, una zona popular de Caracas, ha visto cómo en su zona la policía anda pidiendo los teléfonos a la gente y revisándolos.
“Le agarró miedo a que le revisen el teléfono y ahora sale a la calle sin él y borra la conversación cada vez que hablamos de la situación del país”, me dice.
Los familiares esperan días a saber el paradero de los detenidos.
Esto es un tema recurrente si se está en cualquier chat que se comparta con venezolanos que estén en el país.
“No digas esto”, “No pongas esa vaina que nos pones en peligro a todos”, “Borren eso de inmediato por nuestra seguridad”, “Borra, borra, borra”. Y así, montones de mensajes por cosas que, a priori y desde fuera, podrían parecer absolutamente inofensivas, como bromas u opiniones políticas.
Tanto es el miedo que el anonimato se ha instalado no solo en muchos de los testimonios de esta nota, también en las firmas de las notas periodísticas en medios dentro del país, que ahora aparecen en la gran mayoría de los casos con el nombre genérico del equipo.
O en el ámbito cultural. La Revista Casapaís (Uruguay) publicaba en sus redes que “debido a la represión de la dictadura de Maduro», publicaban las piezas de los autores venezolanos con pseudónimo: «Revelar sus nombres es una sentencia de cárcel y muerte.”
El otro perfil de la «Operación Tun Tun»
Además de las detenciones masivas en zonas populares denunciadas hay otro perfil, el de activistas políticos, militantes de oposición o personas que participaron en el proceso de recogida de las actas de escrutinio el día de las elecciones.
Hace unos días detuvieron al exdiputado opositor Freddy Superlano y a dos colaboradores suyos. En un video que compartió en redes el partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, se ve cómo unas personas sin identificación y encapuchados se los llevan cuando estaban a punto de entrar en una casa.
La esposa de Superlano, Aurora Silva, denunció este martes que aún no pudo verlo.
BBC Mundo tuvo conocimiento de varias personas a las que les fueron anulados sus pasaportes.
Un caso particular es el de la ahora exfiscal Maglen Marín Rodríguez, detenida y presa “por el delito de retraso u omisión intencional de funciones» al no «procesar a cuatro sujetos” que participaron en manifestaciones, según escribió Tarek William Saab, Fiscal general del Estado, en su cuenta de X (antes Twitter).
Otro perfil de detenidos es el de activistas y defensores de Derechos Humanos. Por ejemplo, Edni López, también profesora, está detenida desde el domingo, cuando en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, le dijeron que su pasaporte estaba anulado y la detuvieron.
La anulación de pasaportes parece ser otra cara de esta “Operación Tun Tun”.
«Es una práctica que se ha documentado desde hace años, pero ahora lo vemos de modo sistemático», explica Valentina Ballesta.
Bajo estricto anonimato y «enconchada«, es decir, desde una casa que no es la suya, nos habló Patricia (nombre ficticio), activista.
“Esto es un peso emocional enorme. Activas protocolos de seguridad que no esperabas que ibas a aplicar, elimino chats, no salgo de donde estoy, si salgo es con miles de precauciones, sin el teléfono… Y ahorita me di cuenta que me anularon el pasaporte”.
BBC Mundo pudo saber de al menos 15 personas a las que les anularon sus pasaportes, entre activistas, académicos y periodistas. Aún se desconoce el número exacto y ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esto.
“Hay mucho miedo. Lo normalizas, pero no es normal”, me dice Patricia.
TOMADO DE: https://www.bbc.com/mundo/articles/cly33kp1q19o
