La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado con relación al decreto supremo que reglamenta la Ley 32213, sobre el proceso de formalización minera.
Al respecto, expresan su preocupación, al señalar que su elaboración y publicación no ha sido consensuada con los gobiernos regionales.
“Rechazamos la consolidación de una rectoría centralizada desde el Ministerio de Energía y Minas, la misma que debilita el rol técnico y fiscalizador de los gobiernos regionales, vulnerando una vez más el proceso de descentralización amparado por nuestra Constitución Política”, indica el texto.
De igual modo, la ANGR pidió que se restituya el liderazgo de los gobiernos regionales, fortaleciendo sus capacidades técnicas y económicas.
Cuestionaron también la incorporación de la “transmisión sucesoria” en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al señalar que ello “abre la puerta a distorsiones e informalidades”, por lo que solicitan su inmediata eliminación.
Por último, los gobiernos regionales invocaron al Poder Ejecutivo a diseñar una estrategia efectiva de seguridad para instaurar el orden, contrarrestar la delincuencia y el crimen organizado infiltrado en el sector minero.
El comunicado lleva la firma de las autoridades regionales que forman parte de la dirigencia de la ANGR, encabezados por su presidente, el gobernador regional de Ancash, Koki Noriega.