SENTENCIADOS POR DELITOS GRAVES NO PUEDEN REPRESENTAR A LOS CIUDADANOS

En el Congreso todavía no se ha agendado la discusión del dictamen de la comisión de Constitución que establece la prohibición de postular a las elecciones a quienes hayan cumplido sentencias por delitos graves, tales como terrorismo, secuestro y homicidio calificado. Creemos que el pleno del Legislativo debería avanzar en esa discusión que implica una reforma de la Constitución Política en los asuntos de representación. En cualquier caso, la idea de impedir la participación de quienes son una amenaza al Estado de derecho y las libertades forma parte de las grandes tradiciones democráticas en el planeta. Las democracias que perduran se defienden. No caen en el mal de las llamadas “democracias bobas”.

Si se defiende Estado derecho, no puede haber “democracia boba”

¿Por qué un condenado por terrorismo o secuestro no debe ser representante en la democracia? Es evidente que no solo estamos hablando de personas que han violado bienes jurídicos fundamentales –consagrados por la Constitución– en contra de las personas, la propiedad y las instituciones republicanas, sino de actores políticos que representan programas y proyectos que buscan abolir el Estado de derecho. Vale recordar que las amenazas comunistas y nazis que azotaron el siglo XX nacieron de la mal llamada democracia boba, del fenómeno en que los demócratas se mostraron incapaces de defender las libertades.

El gobierno provisional de Alexander Kerenski en la Rusia presoviética facilitó y allanó el camino de los bolcheviques y el inicio de la amenaza comunista en todo el siglo XX. Igualmente, la República de Weimar en Alemania no supo defenderse de la amenaza nazi e inauguró una de las barbaries más devastadoras de la humanidad.

Cuando una democracia, cuando un Estado de derecho, no sabe defenderse y cae en el fenómeno de la democracia boba, generalmente prepara sus funerales a manos de los enemigos que no supo contener. Adolfo Hitler fue indultado nueve meses después de perpetrar un golpe de Estado y la república de Weimar no supo defenderse, y fue enterrada por los fusiles, las botas y los campos de concentración nazis. En épocas recientes, igualmente, Hugo Chávez fue indultado luego de un golpe de Estado y la democracia venezolana tampoco supo defenderse y hoy Venezuela es una dictadura, una sociedad en ruinas con más del 90% de la población en pobreza.

Por todas estas consideraciones, no es extraño que todas las democracias que se consolidan luego de las barbaries nazis y comunistas establezcan restricciones para los potenciales candidatos que representan amenazas contra los derechos fundamentales de una Constitución. ¿Acaso un condenado por terrorismo o secuestro político no es una amenaza real contra el sistema? Y, sobre todo, ¿no es una amenaza evidente cuando las propuestas y los programas siguen insistiendo en abolir la Constitución y el Estado de derecho?

La Ley Fundamental de Alemania –es decir, la Constitución– que le ha permitido a esta sociedad la plena estabilidad democrática luego de la Segunda Guerra Mundial establece en el artículo 21 lo siguiente: «son inconstitucionales los partidos que, por sus fines o por la conducta de sus seguidores, persigan menoscabar o eliminar el orden fundamental democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania». Igualmente, las constituciones de los ex países soviéticos de Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Hungría, entre otros, prohíben la participación de partidos comunistas que no aceptan el sistema republicano y las libertades políticas y económicas de las democracias occidentales.

El Congreso de la República, pues, debería empezar a defender el Estado de derecho de eventuales candidatos que han sido condenados por delitos graves y representan una amenaza al sistema democrático. En ese sentido, el pleno debería aprobar el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el tema y empezar a observar los debates en otras experiencias democráticas con respecto a las amenazas de las propuestas antisistema.

Por otro lado, debería existir la más amplia unidad de todas las fuerzas democráticas y políticos de buena voluntad en este objetivo. Según diversas versiones los sectores progresistas están bloqueando la posibilidad de que estos temas se discutan en el Congreso, ¡No puede ser! Finalmente, el Perú se enfrentó al comunismo terrorista en los ochenta y al gobierno de Pedro Castillo que pretendió quebrar el Estado de derecho para instalar una constituyente.

TOMADO DE: El Montonero