La expulsión de la minera canadiense Manhattan de Tambogrande, por una campaña de leyendas y mentiras de las corrientes progresistas y las oenegés anticapitalistas –bajo la supuesta defensa del mango y del limón–, ha desencadenado una verdadera devastación ambiental en la zona. Se calcula que alrededor de 5,000 mineros ilegales utilizan mercurio para extraer oro, se niegan a formalizarse y a pagar impuestos al fisco y han organizado todo tipo de economías ilegales paralelas: desde trata de personas hasta comercialización de drogas.
Avanzan mineros ilegales y bandas internacionales en varias regiones
Allí está el resultado inevitable del ecologismo radical en contra de la minería moderna: minería ilegal, destrucción del medio ambiente, prostitución; es decir, un pequeño Far West. Y luego vienen los pistoleros del crimen organizado. El motivo: el precio de la onza de oro no cesa de subir (más de US$ 2,400). Se calcula que la minería ilegal produce dos millones de onzas de oro, una cantidad que representa US$ 5,000 millones. ¿Cómo se exportan esas sumas del país?
Si hay dudas sobre la alianza de la minería ilegal y el crimen organizado, la mejor prueba son la violencia y muertes que ha desatado este binomio en la provincia de Pataz, en La Libertad. Los ataques a Minera Poderosa han dejado 9 muertos, 23 heridos y se han derribado 15 torres de alta tensión. Por otro lado, se calcula que diariamente salen 600 volquetes cargando mineral ilegal que no pertenece a las concesiones de la minería moderna.
Es evidente, pues, que la minería ilegal avanza cuando destruye los derechos de propiedad, cuando bloquea a la minería moderna, tal como sucedió en Tambo Grande y se pretende hacer en Pataz.
En este contexto, vale formularse la siguiente pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad de los sectores antimineros radicales y las oenegés anticapitalistas que construyen fábulas para bloquear las inversiones de la minería moderna que preservan el medio ambiente, pagan impuestos y generan empleo formal? Una pregunta que debe responderse.
En el corredor vial del sur, por ejemplo, los relatos en contra de la minería moderna, de una u otra manera, han empoderado a decenas de mineros ilegales que comienzan a invadir las concesiones de las minas modernas que producen cerca del 40% del cobre nacional. Imaginemos por un momento que en el corredor vial del sur no estuviesen las minas modernas y formales de la zona y en su reemplazo hubiese miles de mineros ilegales explotando el cobre. ¿Se preservaría el medio ambiente? ¿Los gobiernos regionales de Apurímac y Cusco gozarían del canon minero? ¿Acaso el PBI nacional se beneficiaría con el 1% del PBI que aporta Las Bambas? Es evidente que no. La zona enfrentaría una tragedia que acabaría con los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura. Los pobladores se verían obligados a emigrar para evitar los pequeños Far Wests que se instalarían.
En Cajamarca, otra región en donde el radicalismo y las oenegés anticapitalistas han bloqueado inversiones de cerca de US$ 18,000 millones, convirtiendo a esta circunscripción en la más pobre del país, igualmente se comienza a reportar el avance de la minería ilegal en las provincias de Contumazá, Cajabamba y Hualgayoc.
El Perú es un país bendecido por sus recursos naturales. Sin embargo, si no se afirma el Estado de derecho, el respeto a la ley y a los derechos de propiedad, si no se consolida la minería moderna que preserva el medio ambiente, paga impuestos y genera empleo formal, entonces la bendición se convertirá en una maldición. El Perú será una tierra de nadie, un lugar privilegiado para el crimen organizado del mundo. Advertidos estamos.
TOMADO DE: https://elmontonero.pe/economia/sin-mineria-moderna-viene-la-alianza-mineria-ilegal-crimen-organizado