TOLEDO PIDE QUE SUSPENDAN SU EXTRADICIÓN ADUCIENDO QUE EN PERÚ «SE VIOLAN DDHH»
Mientras que en Estados Unidos se ha solicitado formalmente a las autoridades de ese país que se revoque la medida de libertad bajo fianza impuesta a Alejandro Toledo con el objetivo de asegurar su extradición al Perú; el exmandatario ha solicitado que se postergue su entrega a la justicia peruana debido “a la crisis política y social” que se vive en el país.
A través de una petición presentada ante la jueza Laurel D. Beeler, de la Corte del Distrito Norte de California, Toledo pide, además que la postergación deberá dictarse hasta que un tribunal superior de ese país resuelva su hábeas corpus.
“Las condiciones son mucho más peligrosas ahora que hace un año. Desde la destitución del presidente Castillo, el país ha estado en estado de emergencia, lo que resultó en la suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar”, sostiene Castillo en un documento al que accedió el diario Expreso.
Además indica que, en comparación con conflictos similares, lo ocurrido en Perú “ha sido especialmente violento, sedicioso y peligroso”. “El resultado ha sido violaciones desenfrenadas de los derechos humanos, el uso de la fuerza excesiva y letal contra la población indígena y la muerte de al menos 48 personas, asesinadas por las fuerzas del orden”, asegura
A LA REJA
Mientras Toledo utiliza cualquier argumento para frenar su extradición al Perú, las autoridades norteamericanas han solicitado a los órganos de justicia de los Estados Unidos que se revoque el mandato de libertad bajo fianza que se le impuso.
De acuerdo con un informe propalado por medios y agencias extranjeras, la posición del gobierno norteamericano se centra en que el exmandatario debe ser detenido hasta que se concrete su entrega al Perú y, por lo cual, la prisión preventiva es indispensable.
Según se informó, esta solicitud será evaluada por el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, en una audiencia convocada para el 9 de marzo a las 10:00 horas.