TRANSPORTISTAS: Gremios convocan paro nacional indefinido desde el 12 de marzo por inseguridad y crisis energética actual

La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y diversos gremios del sector anunciaron la realización de un paro nacional indefinido  a partir del 12 de marzo, en protesta por lo que califican como “la falta de soluciones reales” del Estado frente “a la grave problemática del transporte en el país”.

Alza de precios de combustibles, normativas ineficientes y el deterioro de la infraestructura vial han agravado la situación del transporte en el país.

A través de un comunicado, los transportistas señalaron que el sector “ha llegado a su límite” debido a la creciente inseguridad en las carreteras y a la crisis energética actual.

Entre los principales motivos de la paralización, los gremios mencionaron el incremento en los precios del diésel y la gasolina, así como la crisis de Petroperú y la escasez de gasolina Premium y Regular.

Refieren que la reciente ruptura del ducto de gas, operado por TGP en Megantoni, ha generado pérdidas económicas para transportistas de diversas modalidades y la paralización de fábricas y actividades productivas.

También advirtieron sobre el deterioro de la infraestructura vial y la existencia de normativas que consideran ineficientes, factores que -señalaron- forman parte de la crisis estructural que afecta al transporte en todo el país.

Sus demandas

Como parte de sus demandas, los transportistas plantearon retirar temporalmente la carga tributaria del 40 % a los combustibles. Además, solicitan reactivar el fondo de compensación para enfrentar esta crisis energética y la aplicación inmediata de la Ley N.º 31886.

Otra de las propuestas incluidas en el pronunciamiento es la devolución del peaje bajo el esquema 60/40 y la revisión del cobro de peajes ante el deterioro de las carreteras a nivel nacional.

Finalmente, los gremios pidieron la instalación de mesas de trabajo con actas firmadas, cronogramas claros y fechas de solución, incluyendo responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios que incumplan los acuerdos.