UNIÓN NAVAL; Rechaza pronunciamiento de obispos que exigen no aplicar Ley de Amnistía
La institución que agrupa a marinos en situación de retiro, avivó el debate sobre la citada norma. El legislador Fernando Rospigliosi señala que esta defiende los derechos humanos de policías y militares “perseguidos por la mafia caviar enquistada en el sistema judicial”.
La Unión Naval sostiene que los prelados presentan a los terroristas como víctimas, en lugar de a los verdaderos afectados, que son los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
En una enérgica respuesta al pronunciamiento de un grupo de obispos, la agrupación Unión Naval, conformada por oficiales retirados de la Marina de Guerra del Perú, emitió un comunicado el 4 de septiembre de 2025.
En el documento, la organización manifiesta su total desacuerdo con la posición episcopal sobre la Ley de Amnistía, calificando el comunicado de los obispos como «ominoso» y acusándolos de tergiversar la verdad.
La Unión Naval sostiene que los prelados presentan a los terroristas como víctimas, en lugar de a los verdaderos afectados, que son los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los marinos retirados expresaron su decepción ante la supuesta injusticia por parte de la Iglesia, argumentando que la Ley de Amnistía busca la justicia y no la impunidad. Según ellos, la ley será aplicada de manera selectiva, analizando cada caso individualmente.
Afirmaron que hay militares y policías que están presos o perseguidos injustamente por hechos que no cometieron o que se encuentran en prisión por excesos de fuerza, pero que estos no son considerados víctimas por los obispos.
La agrupación naval también criticó el uso de los términos «delitos de lesa humanidad» y «conflicto armado interno» por parte de los obispos, conceptos que, según la Unión Naval, no existían en la legislación peruana durante el conflicto armado con el terrorismo y que son empleados por «comunistas y caviares».
Además, denunciaron el presunto apoyo de los obispos a organizaciones internacionales supuestamente infiltradas por jueces con ideología marxista que, afirman, vulneran la soberanía del país y persiguen a los miembros de las fuerzas del orden.
Las críticas de la Unión Naval se extendieron al Arzobispo de Lima, a quien acusaron de permitir actos contrarios a la doctrina católica. En su comunicado, la organización mencionó que el cardenal ha permitido obras teatrales que consideran blasfemas, que usa lenguaje inclusivo en sus homilías y que, según noticias recientes, está siendo investigado por presunto encubrimiento de abusos sexuales y mala administración de fondos de la Iglesia.
Para los oficiales retirados, estos hechos son una prueba de una peligrosa infiltración del comunismo y el progresismo en la Iglesia Católica.
El comunicado de la Unión Naval concluye con un llamado a la providencia divina, pidiendo a Dios que no abandone a sus fieles peruanos.
La agrupación considera que las manifestaciones de los obispos son una traición a la justicia y a la lealtad, y esperan que la ciudadanía comprenda su postura.
El enfrentamiento entre la agrupación de marinos retirados y el grupo de obispos católicos evidencia una profunda división de opiniones en el país en torno a la Ley de Amnistía y la búsqueda de justicia tras el conflicto armado interno.
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comunicado Infernal de un grupo de Obispos politizados
Las críticas que provienen también desde diversos sectores, se acrecientan tras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ordenó” al Perú no aplicar la indicada norma porque “afecta irreversiblemente su derecho a conocer la verdad y obtener justicia por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas…”
El general José Williams Zapata, congresista y héroe en el rescate de los rehenes del MRTA, recordó que la ley de amnistía es un acto de justicia “que extingue la acción penal contra los miembros de las FF AA, PNP y comités de autodefensa procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo (1980-2000), cuando actuaron en cumplimiento de su deber».
“La norma en mención reconoce su servicio y corrige excesos judiciales (Expediente 3509-2009 del Tribunal Constitucional) que dice “Si el proceso penal no resuelve en un plazo razonable, el procesado deja de estar sometido a un juicio para pasar a ser víctima de una forma de castigo anticipado e indefinido, contrario a la dignidad de la persona humana”.
Por su parte, el parlamentario Fernando Rospigliosi, uno de los artífices de la citada disposición, sostuvo en su cuenta personal X que la ley de amnistía defiende los derechos humanos de policías y militares injustamente perseguidos por derrotar a los terroristas. “Ellos son las víctimas de la mafia caviar enquistada en el sistema judicial”.
Al comentar el pronunciamiento de la Unión Naval, el almirante (r ) y ex legislador Carlos Tubino, respaldó plenamente el texto del escrito y se pronunció contra el “comunicado Infernal de un grupo de Obispos politizados contra la Ley de Amnistía, que busca hacer justicia a los efectivos de nuestras FFAA y PNP que pusieron el pecho frente a las organizaciones terroristas ateas”.
El pronunciamiento de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que involucra tanto al Episcopado peruano, diócesis y vicariatos de todo el país, calificó la norma de como un retroceso en materia de derechos humanos y una prueba abierta a la impunidad de delitos de lesa humanidad.
El documento de los religiosos está respaldado por doce obispos peruanos encabezados por el cardenal Carlos Castillo, en el que rechazan la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el pasado 13 de agosto.
Bajo el título “Aprendan a hacer el bien y busquen la Justicia”, el documento llama directamente a los jueces a inaplicar la norma en procesos judiciales relacionados con violaciones de los derechos humanos.
El texto, difundido el 2 de septiembre, recoge el sentir de equipos de pastoral y hace eco de mensajes anteriores de la Conferencia Episcopal y la Semana Social 2025. En él se advierte que la amnistía aprobada fomenta la impunidad y desconoce compromisos internacionales suscritos por el Estado peruano en materia de justicia y derechos humanos.
Obispos afirman que rechazan la «impunidad»
El documento episcopal no escatima en señalar las implicaciones de la citada ley, aprobada el 9 de julio de 2025 por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte. “Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia, se consagra la ley del fuerte sobre el débil”, sentencia la carta.
La carta también recuerda las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que identificó a Sendero Luminoso como el principal perpetrador de crímenes durante el conflicto armado, pero también reconoció graves violaciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Los obispos lamentan que “algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos” respondieran con “igual barbarie” al terrorismo.
Un llamado directo al Poder Judicial
La carta también exhortó al Poder Judicial a aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad frente a la norma.
“En nombre de la justicia, inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad”, exhortan los obispos, citando además a Amós 5:24: “¡Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne!”.
Obispos se oponen a romper acuerdos internacionales
Finalmente, el pronunciamiento alerta sobre el riesgo de que el Perú rompa acuerdos internacionales de derechos humanos y se alinee con “tendencias que pretenden debilitar el orden democrático y la protección internacional”.
“El Perú no puede ni debe apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, advierten.
CIDH exige al Perú no aplicar la ley de amnistía
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó que todas las autoridades peruanas del Estado en su conjunto, en especial los jueces y juezas.
Esta decisión del pleno de la Corte IDH respalda aquella adoptada de manera urgente por parte de su Presidencia el pasado 24 de julio, en la que ordenó al Perú frenar el trámite de la Ley de Amnistía.
Luego de escuchar a las partes en audiencia pública, los seis jueces del máximo Tribunal de derechos humanos de nuestra región le reafirmaron al Perú su jurisprudencia histórica y de obligatorio cumplimiento: las leyes de amnistía y prescripción que buscan impedir la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Perú debe mostrar firmeza ante la CIDH