OPINIÓN/ Falsificando

NO ATRACO

Escribe: Elmer Barrio de Mendoza

Llama la atención que los presuntos abanderados de la anticorrupción estén directamente involucrados en la masiva falsificación de afiliaciones (no sólo de firmas) en más de una organización política registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De Martín Vizcarra se puede esperar todo, así que nada sorprende de alias Lagarto. No parecía ser ése el caso de Marisol Pérez Tello, de Susel Paredes o de Flor Pablo pero ahora lo es. El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE ya precisó que la responsabilidad del evidente ilícito penal concierne exclusivamente a cada una de las organizaciones políticas que presentó estos dolosos y apócrifos registros.

Todo indica que no sólo los “progres” han incurrido en esta práctica sino que una buena parte de los 43 partidos registrados lo ha hecho también. El Ministerio Público debe proceder de inmediato a iniciar la investigación preliminar por al menos delito de falsedad y de organización criminal. Es inexcusable que la Fiscalía no actúe de inmediato.

El papel de RENIEC igualmente debe determinarse, más aún cuando es ya sabido desde hace unos meses que su base de datos fue filtrada ilegalmente a través de otras instituciones públicas.

El informe de Punto Final sobre el asunto ha demostrado que existe una organización criminal constituida, que tiene acceso a la data de RENIEC, que vende fichas de afiliación a las organizaciones que aspiran a su registro oficial en el ROP. Así que, habría que extender la investigación fiscal hasta el último extremo de esta cadena delincuencial.

No tomemos al rábano por las hojas: esto es una estructura criminal gigantesca y están incluidos todos los que concibieron, organizaron, colaboraron, facilitaron y usufructuaron del tráfico de la información privada de los ciudadanos, cuya custodia está a cargo de RENIEC.

No nos dejemos distraer. El JNE ya remitió las primeras denuncias al Ministerio Público (que no actuó de oficio el día lunes ante la noticia criminal, como debía haber sido). Veamos cómo reacciona la Fiscalía (o cuánta capacidad de reacción le permite alguien como Gustavo Gorriti).

El Jurado Nacional de Elecciones es instancia suprema electoral y puede sentar jurisprudencia. Si bien es cierto, la ley no se ha puesto en la hipótesis de anular el registro de alguna organización política por incurrir en uso ilícito de datos personales, el Jurado puede (acudiendo a la norma constitucional y a los derechos fundamentales de los ciudadanos) sentar un precedente que cada peruano decente y específicamente cada agraviado demanda con urgencia.

Es inaceptable que partidos que acudieron a data obtenida y utilizada ilegalmente para participar en las próximas elecciones generales y eventualmente alcanzar cargos de elección popular, no merezcan sanción que les impida esa participación electoral sustentada en la conducta delictiva.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe poner ojo, pestaña y ceja sobre lo que está sucediendo porque, tanto la designación, sanción o remoción de la Jefa de RENIEC como la de los todos los fiscales del país está dentro de sus competencias.

Las cartas están sobre la mesa. Que cada uno piense bien su jugada. Miremos también a la prensa. Su próxima conducta será reveladora.