La minería ilegal no solamente depreda el territorio; cuando se articula con redes de explotación y criminalidad, también puede depredar la dignidad humana.
La minería ilegal en el Perú suele analizarse desde sus impactos ambientales: deforestación, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y utilización de mercurio; sin embargo, los estudios recientes muestran que existe una dimensión todavía más grave: la explotación de las personas que participan o viven alrededor de esta economía clandestina.
Los libros Violencia y vulneración de Derechos Humanos en contextos de minería no legal en el Perú, elaborado por el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV) en 2026, y Desafiando la legalidad y la justicia: minería ilegal en Madre de Dios, publicado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en 2023, permiten comprender que la minería ilegal no constituye únicamente una infracción ambiental o minera.
Es también un fenómeno relacionado con trata de personas, explotación laboral, trabajo forzoso, explotación sexual, trabajo infantil, violencia, enfermedades y debilitamiento de la presencia estatal.
Una economía que se construye sobre la vulnerabilidad humana
El estudio del ICEV plantea que la minería no legal debe analizarse a partir de toda su cadena de valor y no solamente desde el momento de extracción. La investigación identifica vulneraciones de derechos humanos particularmente en los primeros eslabones de la cadena y advierte que las poblaciones rurales y económicamente vulnerables pueden experimentar múltiples afectaciones simultáneamente.
El estudio identifica como principales vulneraciones la explotación laboral asociada al trabajo forzoso, el trabajo infantil, la trata para explotación laboral y la explotación sexual, además de homicidios, lesiones, extorsión y contaminación por residuos tóxicos. En consecuencia, derechos básicos como la vida, libertad, seguridad personal, trabajo, salud, seguridad social y un nivel de vida adecuado pueden resultar afectados.
Esta perspectiva permite modificar la pregunta tradicional: el problema no es solamente cuánto oro se extrae ilegalmente, sino qué costo humano sostiene esa extracción.
Madre de Dios constituye uno de los ejemplos más documentados. El libro de DAR dedica capítulos específicos a la minería ilegal y sus delitos conexos, así como a sus efectos sociales y económicos.
Uno de los aspectos más graves es la trata de personas con fines de explotación sexual. El libro recoge información según la cual, en 2013, se estimaba que alrededor de 4.500 mujeres estaban sometidas a explotación sexual en establecimientos de comida y bares próximos a campamentos mineros ilegales; la fuente citada señalaba que 78 % serían menores de edad. El documento también identifica numerosos establecimientos conocidos como “prostibares” en zonas como Huepetuhe, Dos de Mayo, Jayave, Delta 1,
La Tranquera, Colorado, Laberinto y Guacamayo. Al tratarse de una estimación histórica, debe interpretarse como evidencia de la realidad.
La minería no legal crea condiciones para la trata de personas con fines de explotación sexual, afectando principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, quienes son captados y trasladados hacia campamentos mineros sin garantías de derechos.
La explotación no se limita a la esfera sexual, en el estudio del ICEV muestra que la economía minera puede sostenerse mediante reclutamiento engañoso, coerción económica, endeudamiento inducido, impago y condiciones laborales degradantes. El trabajador puede ser atraído por una determinada oferta y encontrarse posteriormente con condiciones diferentes, peligrosas y sin protección laboral.
Las víctimas o posibles víctimas de trata registran enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales, traumatismos, afecciones de la piel, enfermedades parasitarias, infecciones de transmisión sexual, efectos tóxicos de sustancias y enfermedad renal tubulointersticial.
A ello se suma la contaminación por mercurio, que según el estudio de DAR y MINSA recoge estimaciones de emisiones anuales que, para determinados sectores de Madre de Dios y Loreto, alcanzan valores muy elevados, y explica que el mercurio puede incorporarse al agua, los suelos y las cadenas alimentarias, exponiendo tanto a trabajadores como a poblaciones cercanas.
Por ello, la minería ilegal puede producir una doble explotación: primero, del trabajo y del cuerpo de las personas; segundo, de su entorno ambiental, cuya contaminación termina afectando nuevamente su salud.
En Loreto, el fenómeno presenta características particulares por la utilización de dragas y otras modalidades de extracción aurífera en los ríos amazónicos. La problemática debe observarse no solamente desde la destrucción ambiental, sino también desde sus efectos sobre las comunidades ribereñas, indígenas y población infantil.
En los documentos revisados, permite conocer que cuando una economía ilegal penetra en territorios con pobreza, limitada presencia estatal y escasas oportunidades educativas y laborales, aumenta la exposición de las poblaciones vulnerables a diferentes formas de explotación.
En consecuencia, Loreto debe ser estudiado bajo una perspectiva territorial: minería ilegal, contaminación, pérdida de medios de vida, salud, abandono escolar, explotación laboral y posibles redes de trata forman parte de un mismo sistema de vulnerabilidad, aunque la intensidad y modalidad de cada fenómeno deben demostrarse con evidencia específica para cada localidad.
El estudio del ICEV incorpora Pataz como uno de sus tres estudios de caso, junto con La Rinconada, en Puno, y Ático, en Arequipa. La investigación de campo se realizó entre septiembre y noviembre de 2025 y reconstruyó la cadena de valor del oro para identificar riesgos de vulneración de derechos humanos.
En Pataz, el estudio documenta condiciones de explotación laboral y recoge el caso de mujeres rescatadas de locales donde se habrían producido simultáneamente explotación laboral y sexual. En su estimación de riesgo, el estudio plantea cientos de posibles víctimas de trata y explotación sexual en las zonas analizadas. Estas cifras son estimaciones de riesgo del estudio y no equivalen a registros judiciales de víctimas identificadas.
Esta precisión es importante: la magnitud real de estos delitos es difícil de determinar porque se desarrollan en espacios clandestinos, existe subregistro y las víctimas frecuentemente no denuncian.
La investigación del ICEV demuestra que la problemática no se limita a la Amazonía. En La Rinconada se identifican reclutamiento engañoso, coerción económica y confinamiento laboral. El estudio estima una población aproximada de 40.000 personas en el enclave y señala que unas 30.000 podrían encontrarse en diferentes grados de explotación laboral. También registra riesgos de derrumbes y exposición a sustancias químicas.
En Ático, el estudio registra conflictos territoriales, extorsiones, amenazas y condiciones laborales extremas dentro de los socavones, con riesgo de derrumbes y exposición a químicos tóxicos. Así, Madre de Dios, Loreto, Pataz, La Rinconada y Ático presentan modalidades distintas de un mismo problema estructural: una economía extractiva que puede desarrollarse en territorios donde la protección efectiva de derechos es insuficiente.
Uno de los aportes más importantes del estudio del ICEV es su afirmación de que la vulneración de derechos humanos no debe entenderse simplemente como un efecto colateral de la minería no legal. El documento concluye que estas vulneraciones forman parte de las condiciones sobre las cuales se estructura el propio proceso extractivo, e identifica como derechos afectados la vida, libertad, seguridad personal, trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y derecho a un entorno laboral seguro y saludable.
Detrás del oro ilegal existe una crisis humana
En conclusión, estamos frente a un problema de articular explotación laboral, trabajo forzoso, trata, explotación sexual, trabajo infantil, violencia, enfermedades, contaminación y criminalidad organizada.
La respuesta del Estado tampoco puede limitarse a destruir maquinaria o realizar operativos de interdicción. Se requiere una estrategia que combine persecución penal, protección de víctimas, fiscalización laboral, atención sanitaria, prevención de la trata, protección de niños y adolescentes, recuperación ambiental y fortalecimiento de la presencia institucional.
El verdadero costo de la minería ilegal debe medirse en personas explotadas, niños que pierden oportunidades, trabajadores que pierden su salud, mujeres sometidas a explotación sexual, comunidades contaminadas y territorios donde la violencia termina sustituyendo al Estado.
La minería ilegal no solamente depreda el territorio; cuando se articula con redes de explotación y criminalidad, también puede depredar la dignidad humana.
